20 de septiembre de 2013 / 02:29 p.m.

Ciudad de México • "20 meses de ardua búsqueda, de frustración, dolor y lágrima" se lee en un post con fecha del 15 de abril pasado en el perfil de Facebook "Ayuda a Barbie".

Resume lo que vivió la familia Reyes Muñiz entre el secuestro de Bárbara, la menor de tres hijas, y la localización de su cuerpo en una fosa común de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

“Año y medio de buscar a mi hija y estuvo a cuadra y media de mi casa durante un año”, expresó a Milenio Alberto Reyes, padre de Bárbara.

Barbie, como le dice de cariño, fue secuestrada el 8 de agosto de 2011, tenía 16 años.Su cuerpo fue hallado el 1 de octubre siguiente en un lote baldío del mismo municipio.Según la necropsia, había muerto entre el 15 y 20 de septiembre, es decir mes y medio después del plagio.

Desde entonces estuvo en el Servicio Médico Forense de Cuautitlán como no identificado, hasta que el agente del Ministerio Público lo envió a la fosa común en febrero de 2013, incumpliendo los procedimientos a seguir en estos casos, denuncia Alberto Reyes.

De acuerdo con el Protocolo de actuación en la investigación del delito de homicidio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, publicado el 29 de mayo de 2013 en la Gaceta Oficial del gobierno mexiquense, entre los pasos básicos para integrar una investigación por homicidio está Reconocimiento del cadáver (el número 6 de dicho protocolo).

Alberto Reyes asegura que en la carpeta de investigación abierta por el caso de Bárbara, iniciada en el MP de Cuautitlán y seguida posteriormente en el de Texcoco, se observa que el agente encargado nunca entregó las pruebas previstas para la identificación de cuerpos, entre las que el referido protocolo incluye antropológicas y genéticas.

Dentro de los procedimientos criminalísticos aplicables en la investigación del delito de homicidio, según lo establecido por la procuraduría mexiquense, “Es imprescindible (…) no alterar o destruir indicios dejados por los autores y participes del hecho delictivo”.

Alberto Reyes señala que no hay dentro de la carpeta de investigación ninguna de las pruebas recabadas al momento del levantamiento del cuerpo.

Éstas y otras irregularidades son las que el señor Reyes asegura haber detectado en la indagatoria sobre lo sucedido a su hija, cuya responsabilidad recayó en la Unidad Antisecuestros del MP de Texcoco, pero que tuvo intervención, en distintos momentos, de la PGJEM, la PGR e incluso de instancias internacionales como el FBI.

Nadie ha sido inculpado por este secuestro y homicidio, ni por la negligencia con que las autoridades a cargo del caso enviaron el cuerpo a la fosa común saltándose los protocolos correspondientes.

Un agente del Ministerio Público adscrito al municipio de Texcoco, sobre quien pesa una demanda, está citado para presentarse ante el juez este viernes 20 de septiembre. De incumplir con éste, el tercer citatorio, debería girarse orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, para Alberto Reyes además de este agente deben fincarse responsabilidades contra todos los funcionarios públicos que incumplieron su deber de investigar el caso, como son policías ministeriales, autoridades del Semefo y de la Fiscalía de Homicidios, incluso el responsable del panteón donde encontraron el cuerpo de Barbie 20 meses después de su plagio.

ROSALÍA SOLÍS