17 de agosto de 2013 / 03:26 p.m.

Querétaro • El ayuntamiento de Pedro Escobedo tendrá que acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó la destitución inmediata de la alcaldesa Graciela Juárez, afirmó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, Marco Antonio León.

La alcaldesa desacató una orden judicial de pagar 300 mil pesos a una empresa por el cobro indebido del derecho de alumbrado público.

Por lo pronto, fue notificada este jueves la administración municipal de que la alcaldesa y otros funcionarios tendrían que irse de su cargo, además de consignarlos ante las autoridades correspondientes; sin embargo, hasta el momento no se ha desarrollado la sesión de cabildo, la cual fue cancelada, a pesar de que ya estaba prevista para el medio día.

La alcaldesa había declarado que no se iba a ir de su cargo porque “ya había pagado”, el martes, el adeudo requerido por la SCJN y porque tenía el respaldo del dirigente nacional del PRI, César Camacho, puesto que también el ordenamiento judicial establecía un procedimiento jurídico en contra del ex edil y líder del tricolor en la entidad, Alonso Landeros.

Sin embargo, el diputado decano y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura local, Marco Antonio León, mencionó que Juárez Montes deberá dejar el cargo de presidenta municipal, una vez notificada de ello, ya que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es concluyente.

Destacó que una vez que surta efecto la sentencia, el ayuntamiento tendrá que elegir entre sus regidores a quien sustituya a la alcaldesa, quien no tendrá posibilidad de regresar al cargo para este trienio.

Añadió que el proceso es inevitable y no queda más que acatar, pues además no hay ninguna posibilidad de impugnación ni de interpretación, pues la sentencia que emitió la Corte por desacato a la autoridad judicial, que había ordenado el pago desde el 2012 y no se hizo, hasta que emitió una resolución final.

La decisión de la SCJN derivó del desacato del ex alcalde Alonso Landeros, cuando un juez federal le ordenó que se reembolsaran 326 mil 586 pesos que cobró el municipio por concepto de servicio de alumbrado público a una empresa que ganó un amparo contra ese pago.

Sin embargo, la legislatura local también espera la resolución y deberá actuar en caso de que el cabildo de mayoría priista no acate el mandato, así lo dijo el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Jorge Lomelí Noriega.

En entrevista, indicó que primero deberán ser notificados por el juez de la causa de la resolución del máximo tribunal y, entonces, se iniciará el proceso del cese.

"El juez nos debe pedir, por ese orden legal, dar inicio a un juicio de procedencia, pero ya con una instrucción prácticamente terminada con toda la justificación".

Destacó que en el caso de la legislatura, bajo ninguna circunstancia podrán modificar la decisión que tomaron los ministros del máximo tribunal de justicia del país.

"Es un ordenamiento, pero naturalmente, de acuerdo al orden jurídico, el juez al que instruye la Suprema Corte, es un juez federal, nos debe pedir por ese orden legal (…) Ese ordenamiento pasa a la legislatura, que hace exactamente lo que dice el ordenamiento, o sea, ya no hay más que pasarlo como una parte de la estructura orgánica, de acuerdo a la Constitución".

ESTRELLA ÁLVAREZ