26 de enero de 2013 / 09:52 p.m.

Cd. de México  • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación un expediente de queja con motivo de los hechos que se suscitaron entre Comuneros de Santa María Ostula y pequeñospropietarios de “La Placita”, pertenecientes al municipio de Aquila, Michoacán.

Los quejosos manifestaron que entre el 6 de octubre y el 6 de diciembre de 2011, ocurrieron diversos homicidios y la desaparición de varios ejidatarios, sin que a la fecha se hayan ejercido las acciones penales correspondientes ni se hayan logrado restablecer la paz y el orden públicos.

Destacan, el homicidio del activista indígena Pedro Leyva Domínguez, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en la comunidad citada y de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, comunero de Santa María Ostula, al igual que la desaparición de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel, pertenecientes a esa población.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos sobre la presunta violación a los derechos humanos, la Comisión Nacional acudió al municipio y zona en conflicto donde solicitóinformación a las autoridades federales, estatales y municipales, a fin de conocer los antecedentes del asunto y allegarse las constancias que permitan conocer la verdad histórica de los hechos.

La CNDH ha observado que las autoridades han sido omisas para profundizar en la investigación de los hechos, lo que pone en evidencia la dilación para su debido esclarecimiento, circunstancia que coloca a las víctimas y a sus familiares en una doble situación de vulnerabilidad, ya que además de sufrir las consecuencias del acto criminal, padecen la inactividad de la autoridad para resolver las indagatorias y llevar a juicio a los presuntos responsables.

Para la Comisión Nacional la investigación sobre los hechos que se denuncian ante la autoridad ministerial debe ser efectiva, orientada hacia el esclarecimiento y la determinación de la realidad sobre lo ocurrido, y a que esa investigación constituya un recurso exacto y se asegure el derecho al acceso a la justicia de las familias de las víctimas.

En razón de lo anterior, la CNDH considera prioritario que las autoridades involucradas, generen acciones que garanticen la protección de los derechos humanos, la seguridad pública y la debida procuración de justicia de los habitantes de las comunidades indígenas.

EUGENIA JIMÉNEZ