ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN
14 de junio de 2013 / 01:22 a.m.

Chilpancingo de los Bravo • Alcaldes de la Costa Chica buscan una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para exponer la problemática que enfrentan por la presencia de policías comunitarias, pues tienen relegados a los cuerpos de seguridad legalmente establecidos y en algunos casos les prohíben realizar patrullajes.

Elizabeth Gutiérrez Paz, presidenta municipal de Tierra Colorada, reconoció que desde que la Policía Comunitaria (PC) de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) llegó a su cabecera municipal, la actividad de la Policía Preventiva local quedó severamente relegada.

"Ni si quiera los deja patrullar y por eso ya me reuní con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien me propuso como alternativa poner en marcha el mando único policial", dijo la primer edil.

De los ocho policías preventivos arraigados por la presunta participación con la delincuencia, tras la detención hecha por la UPOEG, dijo que algunos ya están de regreso en la corporación y otros todavía permanecen sujetos a cursos de capacitación y certificación.

Aunque la UPOEG anunció que va a recapturar a los presuntos delincuentes que regresen a sus zonas de influencia, la alcaldesa señaló que si no hubo ninguna denuncia contra los elementos durante el tiempo que permanecieron arraigados, es una señal de que son inocentes.

"Yo no veo porque los volverían a detener, más bien creo que hay una actitud caprichosa de los que se hacen llamar policías comunitarios", indicó.

Admitió que la UPOEG ya tiene presencia en seis de las 22 comunidades que integran al municipio de Tierra Colorada, además de algunas colonias de la zona urbana.

Sostiene que la mayoría de las comunidades piden los patrullajes de la preventiva municipal, pero indicó que no los mandará porque existe el riesgo de que se suscite un enfrentamiento.

Los preventivos municipales están molestos porque la UPOEG ha desarmado a varios grupos hasta en cinco ocasiones, razón por la que Gutiérrez Paz solicita que se les respete.

"Mis elementos ya no patrullan, están concentrados en la cabecera municipal, me los han desarmado y amenazado y tenemos ya un grave problema social".

Dijo que el asedio de los comunitarios coloca en riesgo el pago del programa 70 y más, cuya normatividad indica que deben ser resguardados por policías preventivos municipales, pero estos ya no están autorizados para salir.

Indicó que los días 26 y 27 de junio se debe pagar dicho programa en las comunidades de La Palma, San Juan del Reparo y El Terrero, por lo que la actitud de los integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene preocupados a más de 800 beneficiarios.

Por esa razón, dijo que ya platicó con sus homólogos de Tecoanapa, Ayutla, San Marcos y Marquelia, que tienen el mismo problema aunque no lo han querido ventilar públicamente.

Sin embargo, ellos van a reunirse con el gobernador para saber que hacer con la presencia de los puntos de revisión impuestos por los comunitarios de la UPOEG, pues todos tienen casi en la inactividad a sus fuerzas de Seguridad Pública reconocidas legalmente.