25 de octubre de 2013 / 02:49 p.m.

Los últimos años la inseguridad, propició que las viviendas del municipio de San Pedro, incrementaran su plusvalía hasta 30 por ciento.

El director general de la firma de bienes raíces Realty World, Jorge A. Paredes Guerra, explicó que esto se debe a la demanda de casa- habitación por parte de habitantes de Monterrey que emigraron a San Pedro por la inseguridad.

Esto es un hecho inédito en el estado y en el país, “No se había dado un incremento -en los precios de los inmuebles- tan rápido y exponencial como hasta ahora”, dijo en conferencia de prensa.

El directivo mencionó que ante el entorno de inseguridad prevaleciente en los últimos años, los precios se elevaron por la mayor demanda por vivir en el municipio de San Pedro Garza García, considerado como el más seguro en la entidad.

“Prácticamente hubo una movilidad de gente no sólo de la entidad que salió de municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y otros para irse a refugiar a San Pedro Garza García, también de otros estados del país y ni que decir de los extranjeros”.

Paredes Guerra comentó que nunca se había dado este crecimiento sobre todo en una época de crisis económica; ahora, dicha tendencia se estima pueda estabilizarse, dado que la percepción de inseguridad en Nuevo León está cambiando, lo que se refleja en el movimiento de operaciones de compra de vivienda en zonas como Cumbres e incluso, la Carretera Nacional que empiezan a reactivarse.

“La comercialización de inmuebles se ha venido normalizando desde hace un año, por lo que ahora se colocan en venta propiedades en zonas como Cumbres, en Monterrey, a buen ritmo”, precisó.

Paredes Guerra refirió que en los últimos dos años, en México se ha implementado una serie de cambios e incorporación de leyes que han modificado la manera de relacionarse con los clientes, además de operar como agencia de bienes raíces. Es decir, que tras la publicación de las leyes de Protección de Datos, Extinción de Dominio y Antilavado, Reality World ha tenido que aplicar procedimientos completos de seguridad e investigaciones.

Lo anterior, dijo, ha implicado proceder al Buró del Arrendador, que cuenta con las plataformas y el acceso a 82 bases de datos que van desde la Procuraduría General de la República y su similar en la entidad, hasta el propio FBI, Interpol, entre otras instancias a fin de descartar cualquier tipo de operaciones ilícitas o antecedentes penales de quienes desean comprar o vender una propiedad.

Hoy, ninguna empresa de bienes raíces realiza una operación de compra de un inmueble en 24 o 48 horas. Ahora se lleva por lo menos una semana.

“Desde que se implementó estos filtros, en la entidad se han detectado un buen número de operaciones ilícitas que (nosotros) como empresas de bienes raíces hemos tenido que reportar a las autoridades correspondientes”, indicó.

Del total de las operaciones de arrendamiento que se realizan en la entidad, 10 por ciento caen en transacciones “sospechosas”.

  ESTHER HERRERA