1 de febrero de 2013 / 02:11 p.m.

 Policías comunitarios, comisarios, delegados de las comunidades, líderes religiosos y comisariados ejidales constituyeron un Tribunal Popular que desahogará el juicio contra los 54 presuntos delincuentes presentados este jueves en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres.

Pese a los llamados del Gobierno estatal para que los detenidos fueran entregados a las autoridades legalmente constituidas, 72 integrantes del Tribunal Popular votaron a favor de seguir adelante el juicio a los presuntos sicarios, halcones, secuestradores y extorsionadores.

La asamblea de este 31 de enero se constituyó en Tribunal Popular y sesionó por primera ocasión.

Tras realizar la presentación de los detenidos optó por regresarlos a las casas de justicia en que estaban resguardados desde que inició el movimiento de autodefensa.

Dicho órgano sesionará nuevamente el 22 de febrero en la comunidad de Buena Vista, localidad ubicada en el municipio de Tecoanapa, las familias de los detenidos podrán presentar sus elementos de prueba para defender la inocencia de los mismos.

"“El Tribunal sesionará por el tiempo que sea necesario y presentará su veredicto, condenando o absolviendo a los detenidos; el Tribunal Popular será la única autoridad facultada para la imposición de las penas, previa recepción de las pruebas que aporten las partes en el juicio"”, indican los resolutivos de la sesión que se desarrolló en el Mezón.

"“Los detenidos que resulten culpables serán llevados a un proceso de reeducación itinerante en los pueblos que conforman nuestro movimiento, previo juicio popular”", señalan los resolutivos de este jueves.

El tiempo que dure el proceso de reeducación para cada uno de los detenidos dependerá de la circunstancia en que se cometieron los ilícitos que se les imputan, atendiendo la gravedad del mismo, nivel de participación y la peligrosidad del acusado.

Las comunidades en asamblea general se reservan la posibilidad de otorgar libertades anticipadas.

Por seguridad, las autoridades comunitarias mantendrán en secreto los lugares en que se desarrolle la reeducación, aunque los familiares podrán visitarlos previa autorización de los comandantes y la comunidad en que se encuentren los detenidos.

El proceso de reeducación estará sustentado en el trabajo a favor de las comunidades, el Tribunal Popular se reservará el derecho de continuar vigilando el proceso sancionatorio de los detenidos.

Se anota que a partir de que se clausuró la sesión de este jueves, inició formalmente el proceso a prueba para que los familiares de los presuntos delincuentes presenten los elementos de descargo.

El 22 de febrero, cada una de las partes presentará sus pruebas y alegatos, para que en su momento el tribunal emita su fallo condenatorio o declare la libertad.

No hay marcha atrás

El documento está avalado por autoridades comunitarias de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Florencio Villarreal, indican que no van a entregar a los detenidos bajo la siguiente aseveración.

"“Tenemos el derecho legítimo de construir nuestro propio sistema de justicia, que es más eficaz que el sistema de justicia del Estado que se encuentra en crisis"”.

Anticipan que si bien se garantizará la justicia para las víctimas, también se van a respetar los derechos humanos de los detenidos.

El comandante Guerrero sometió a votación la permanencia del movimiento de autodefensa y la respuesta a favor fue unánime, pues los participantes señalaron que dar marcha atrás es permitir el regreso de la inseguridad.

También se votó a favor integrar una Policía Comunitaria (PC) con su propio sistema de seguridad y administración de justicia, muy similar al esquema que aplica desde hace 17 años la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) surgida en San Luis Acatlán, aunque con las particularidades de una fuerza que incorpora poblaciones no indígenas.

Las instituciones no pudieron

Entre otras cosas, las autoridades comunitarias señalaron que en pocos días lograron desmantelar al crimen organizado en más de un 80 por ciento, lo que no pudieron a ser las instituciones legalmente establecidas durante muchos años.

Hasta antes del 5 de enero pasado, dijeron que el crimen tenía un control muy duro sobre la parte de la Costa Chica que hoy está movilizada en autodefensa.

"“Asesinatos y desapariciones ocurrieron a escasos metros de los ayuntamientos sin que estos hicieran nada; los aparatos de justicia cerraron los ojos y los problemas se agudizaron, por eso recurrimos a nuestros usos y costumbres para hacernos cargo de la seguridad, ya no daremos marcha atrás"”, indican.

— ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN