28 de junio de 2013 / 12:44 a.m.

 Cuernavaca • Familiares de víctimas de desapariciones forzadas y homicidios dolosos por parte de la delincuencia organizada, anunciaron su participación en la Marcha por la Paz y la Seguridad a la que ciudadanos de la entidad convocan a través de las redes sociales en respuesta a los índices criminales.

Madres, hermanas, sobrinos e hijos de víctimas de la delincuencia, se reunieron este jueves en la ofrenda permanente a los más de casi dos mil personas muertas por la acción del crimen organizado y que se encuentran no registrados en las bitácoras oficiales, para reiterar su denuncia contra las autoridades estatales por la falta de respuesta para la localización de sus familiares o la investigación para castigar a los culpables de las muertes de los mismos.

Miguel Ángel Rosete, asesor jurídico de las familias, denunció que a nueve meses de la nueva administración estatal, en nada ha cambiado la atención. Aseguró que la dilación de la justicia, el maltrato, incluso el acoso gubernamental se mantienen para que las víctimas “dejen de ser tan visibles” para la sociedad y los medios de comunicación.

Por su parte, Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales Rodríguez, una joven estudiante de psicología que desapareció en agosto de 2012, denunció que el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer le pidió que abandonara la asesoría de Miguel Ángel Rosete y le ofreció a cambio “todo el apoyo necesario” para localizar a su hija.

Mientras tanto, Celia Salina y Ana Luis Garduño, madres de Jessica Cerón, desaparecida desde agosto con nueve semanas de gestación y de Ana Karen Huicochea, de 17 años, quien fuera ultimada por su novio, aseguraron que, independientemente de los casos, todas las víctimas carecen de la atención adecuada de las autoridades.

Además de que no existe voluntad para impulsar la indagatoria en sus casos, es claro que no hay la voluntad que el gobernador, Graco Ramírez dijo tener para apoyarlos en “el nuevo gobierno de Morelos”.

 — DAVID MONROY/ CORRESPONSAL