12 de febrero de 2013 / 03:25 p.m.

Falta de proporcionalidad y equidad en el gravamen y que el aumento es para subsanar finanzas endeudadas del estado, son algunos de los argumentos que presentarán los despachos fiscales.

 

Monterrey.- A partir de ayer comenzaron a llegar a las puertas de los juzgados de distrito en materia administrativa las primeras solicitudes de amparos contra el aumento del Impuesto Sobre Nómina.

Se estima que la mayoría de los 40 despachos especializados en derecho fiscal representan a las empresas de Nuevo León, algunos de éstos son: Deloitte, Baker & McKenzie, KPMG, Despacho Pérez Góngora y Asociados, y Despacho Adame y Elizondo.

Abogados fiscalistas coincidieron en que algunos de los argumentos son: falta de proporcionalidad y equidad en el gravamen, irregularidades en el proceso de aprobación de las modificaciones del impuesto y que el aumento obedece para subsanar las finanzas endeudadas del estado, entre otros.

Antonio Alejandro Maldonado, abogado del despacho Pérez Góngora y Asociados, detalló que a partir del lunes ya interpusieron los primeros amparos y hasta el miércoles en total sumarán 30 casos de diversas empresas que son del ramo transportista e inmobiliarias en su mayoría.

Sus pagos por el Impuesto Sobre Nómina van desde los 10 mil pesos, 50 mil pesos y hasta 100 mil pesos.

Roxana Gómez, socia nacional coordinador de litigio fiscal en Monterrey de la firma Baker & McKenzie, mencionó que a partir de hoy martes comenzarían a interponer sus amparos de aproximadamente 60 empresas que asesoran, sin embargo continúan llegando solicitudes y podrían alcanzar las 100.

La especialista señaló que algunos de los argumentos de los despachos tienden a eliminar el impuesto en su totalidad.

Agregó que uno de los argumentos son en términos de violaciones de derecho de igualdad por la exención que se le da a las inversiones nuevas durante cuatro años.

Iván Imperial, socio de Capital Humano Obligaciones Estatales; y Marco Rojas, gerente de Capital humano y Obligaciones Estatales de KPMG, explicaron que algunas de las empresas que están asesorando son del ramo industrial que emplean a unas 100 mil personas.

“Lo que estamos realizando es una impugnación en contra del régimen completo, es decir, la propia modificación a la plaza no implica un argumento sólido para ir a la inconstitucionalidad, pero sí nos da la oportunidad de impugnar la totalidad del régimen, es decir, que se vuelve a evaluar de todo del Impuesto Sobre Nómina”.

Ambos expertos señalaron que este incremento se da más por un tema de gasto público en el que se está gravando, es decir, por la deuda de los estados, y al tener un déficit público, buscan recaudar más.

Una vez interpuestos los amparos tomará de seis a ocho meses para que exista una resolución, señaló Óscar Adame, abogado fiscalista del despacho Adame y Elizondo.

Indicó que algo que ha caracterizado a este tipo de denuncias es la participación en el número de compañías que se manifestaron en contra. En su caso, el despacho atenderá a unas 25.

“Para nosotros es una muestra de la fragilidad que tienen las relaciones entre ciudadanos y Gobierno, en el que llevan una relación más o menos adecuada y con cualquier fricción se rompe el clima de armonía que tienen las partes (…) la situación económica no está para bollos, ante esa situación económica tirante los empresarios se defienden”.

El costo para estas empresas por cada amparo que interponen ronda entre los 25 mil a 50 mil pesos.

Claves

Estrategias

La mayoría de los 40 despachos especializados en derecho fiscal representan a las empresas que han decidido impugnar legalmente el incremento al Impuesto sobre Nómina.

Roxana Gómez, de la firma Baker & McKenzie, expresó que uno de los argumentos son en términos de violaciones de derecho de igualdad por la excensión que se le da a las inversiones nuevas durante cuatro años.

Iván Imperial y Marco Rojas, del despacho KPMG, explicaron que lo que ellos realizarán es una impugnación en contra del régimen completo.

Una vez interpuestas las solicitudes de amparo, tomará de seis a ocho meses para que exista una resolución.

ALEJANDRA MENDOZA