15 de agosto de 2013 / 12:20 a.m.

San Luis Potosí • La Procuraduría General de Justicia del Estado informó haber iniciado una investigación a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, porque durante una persecución y enfrentamiento con presuntos delincuentes, tras detener a uno de ellos, se le golpeó hasta quitarle la vida.

El pasado 10 del mes en curso, elementos de seguridad intervinieron en auxilio de un ciudadano a quien dos delincuentes intentaban robar una camioneta.

Cuando eran perseguidos, dispararon e hirieron a dos policías, así como a una mujer.

En calles aledañas al lugar del robo, cerca del mercado República en la capital del estado, cómplices de los ladrones también fueron avistados y se procedió a detenerlos.

Luego de la captura, a los presuntos delincuentes se les trasladó a los separos de la policía, donde horas después murió Ángel Javier Rodríguez González, de 21 años de edad. Se reportó que el detenido murió cuando acudió al baño, luego de haber caído y lesionarse la cabeza.

La necropsia demostró que el detenido murió por golpes recibidos tras el incidente del frustrado robo de la camioneta.

En un comunicado de prensa, la PGJE informó que las investigaciones sobre ese episodio han establecido que en el sometimiento de Ángel Javier Rodríguez González, hubo uso de fuerza que le causó lesiones internas, mismas que determinaron su fallecimiento.

Cabe referir que dos policías estatales resultaron heridos de bala, al frustrar el robo con violencia de una camioneta Dodge Ram blanca y el asalto con arma de fuego a tres ciudadanos, en las inmediaciones del mercado República.

Como consecuencia de lo anterior, en la averiguación previa que se abrió al afecto, se han deslindado responsabilidades y ubicado con participación a los agentes aprehensores, en contra de quienes se procederá conforme a derecho.

La investigación se mantiene abierta para establecer si en la cadena de custodia existe omisión, negligencia o manipulación de los hechos imputables al personal de seguridad que participó en el evento, en el que resultaron involucrados los individuos implicados en la presunta comisión de delitos tipificados como graves.

La entidad reconoció que a pesar de la peligrosidad y capacidad de violencia de un individuo o de un grupo transgresor de la ley, no hay disculpa ni licencia para el uso excesivo de la fuerza, ni para la violación de los derechos humanos, en las tareas del combate al delito.

En este sentido, indicó la PGJE, acataremos puntualmente las observaciones y recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, e invocaremos su colaboración para la elaboración de un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en situaciones de crisis, como la acontecida el pasado sábado 10 de agosto del presente año.

Es claro que tenemos una obligación ineludible con los derechos humanos y vamos a responder a ella, sostuvo la dependencia.

Sin embargo, aclaró que no se dejará inerme a la sociedad, ante quienes salen con un arma a cometer delitos ni ante quienes extorsionan o imponen "contribuciones ilegales", basados en la amenaza, la intimidación, la violencia; actúen en lo individual o en grupos delictivos, sean o no de la delincuencia organizada.

Aclaró que aunque contra esta última corresponda su combate al fuero federal, la sociedad no distingue de fuero, sino que exige que se le proteja y se le auxilie en situaciones de agresión hacia sus bienes, persona, patrimonio, familia o seres queridos.

ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ