1 de agosto de 2013 / 11:59 p.m.

Monterrey.- • Tras la solicitud de juicio político en su contra presentada por un grupo de abogados, la ex presidenta del Poder Judicial en Nuevo León, Graciela Buchanan, aseguró que la redistritación objeto de polémica si es facultad del organismo que encabezaba.

La magistrada reconoció el derecho de los inconformes a llevar a cabo las acciones que consideraran pertinentes, pero los invitó a revisar la Ley Orgánica para constatar las atribuciones conferidas.

"El pleno del Tribunal Superior de Justicia envió la propuesta derivada de las comisiones que se hicieron para su análisis, en donde se analizaron las distancias, el índice de población, entonces se cumplió con los requisitos de ley".

"Estas personas ya han pOromovido amparos en relación a esto, y se los negaron los jueces de distrito, consideraron que no había ningún agravio y que es facultad del Poder Judicial hacer esa determinación y negaron los amparos, yo creo que (por eso) se fueron con el juicio político", señaló.

Dicha redistritación permitió la apertura de juzgados en municipios como García, lo que Buchanan Ortega justificó al señalar que los ciudadanos recorrían grandes distancias para solicitar la impartición de justicia en sus casos, principalmente los relacionados con la índole familiar.

"Son distancias tremendas, cuando fuimos a inaugurar el juzgado, nada más en automóvil hicimos una hora y 10 minutos. ¿Cuánto se tarda la gente y cuánto tiene que gastar en transporte para llegar? Lo mismo es en Apodaca y lo mismo es en Escobedo".

"Yo creo que el fin de esto es que la justicia se acerque al justiciable, no que el justiciable tenga que pagar por llegar. En cuanto a la parte constitucional, invitaría a los abogados para que checaran la ley", expresó.

Dijo que el mismo caso priva en los juzgados de narcomenudeo, pues la facultad de abrirlos y definir su ubicación recae también en el Poder Judicial del Estado.

Consideró que la problemática radica en que los abogados no quieren litigar en determinadas zonas, pero advirtió que no se vale afectar por ello a miles de personas que tendrán oficinas de impartición de justicia cercanas a sus domicilios.

Agregó que la Suprema Corte de Justicia ha establecido criterios claros en este sentido, pues incluso se busca que los reos sean internados en prisiones cercanas a su vivienda.

LUIS GARCÍA