24 de enero de 2013 / 03:46 a.m.

El Partido de la Revolución Democrática pidió sancionar a las autoridades que cometieron irregularidades en el proceso de la ciudadana francesa.

El legislador Miguel Barbosa pidió que las irregularidades en el proceso queden impunes.

Ciudad de México • Una vez que fue liberada Florance Cassez, el PAN y el PRD en el Senado fijaron su posición al respecto. Los senadores panistas manifestaron su desacuerdo por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que sienta un “precedente grave”, mientras el PRD pidió sanciones a las autoridades que cometieron irregularidades en el proceso de la ciudadana francesa.

En un comunicado, los legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional expresaron ser respetuosos de la decisión de la Primera Sala de la SCJN, que resolvió por mayoría de votos la liberación inmediata de Cassez, sin embargo, señalaron, “no compartimos la resolución”.

Consideraron que con este fallo las víctimas quedan sin justicia, pues, afirmaron, sus derechos se dejaron de lado, “y lo más grave es que una persona plenamente identificada por las víctimas como miembro de una banda de secuestradores queda en libertad”.

Señalaron que la Suprema Corte tenía la oportunidad de ordenar que se repusiera el proceso penal, se le juzgara conforme a las pruebas subsistentes y determinar su responsabilidad, pero optó por dejar en libertad a una persona que, subrayaron, fue condenada por el delito de secuestro por un juez.

“Las pruebas que proporcionaron las víctimas en contra de Florence Cassez fueron por demás contundentes, mismas que las autoridades competentes valoraron y ratificaron. En la bancada de Acción Nacional estimamos que con la resolución del máximo tribunal del país se sienta un precedente grave, y preocupa que varios delincuentes puedan quedar en libertad al dejar de lado los testimonios de las víctimas, con las cuales nos solidarizamos”.

Sobre el caso, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista José Rosas Aispuro, dijo que este caso se convierte en un llamado de atención a las autoridades que no respetaron el debido proceso.

En entrevista, el legislador dijo que “indudablemente” las autoridades involucradas en la procuración de justicia deben ser más cuidadosas en el proceso de una persona acusada de algún delito.

“Es una llamada de atención para todos los que están involucrados, desde la detención, hasta la integración, no solo de la averiguación y de la consignación, para que estos estén estrictamente apegados a lo que señalan las normas que rigen el proceso penal en nuestro país”.

Por su parte, el coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa, reclamó que las irregularidades cometidas en el proceso penal contra Florence Cassez no deben quedar impunes, “hay que realizar una investigación para sancionar a las autoridades que fabricaron pruebas, porque las víctimas del delito se encuentran sin acceso a la justicia y en estado de indefensión”.

El coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República señaló que en un Estado democrático de derecho y respetuoso de derechos humanos, “no hay cabida a la obtención de pruebas ilegales y mucho menos su convalidación al margen de la ley”.

Omar Brito