12 de mayo de 2013 / 10:10 p.m.

Oaxaca • Un juzgado de Garantías en la región del Istmo de Tehuantepec, absolvió y liberó a 18 implicados en la toma de predios y ocupación de una carretera, que fueron desalojados por las fuerzas estatales de seguridad.

Los implicados estaban acusados por el delito de despojo agravado según el expediente penal 430/JU2013, sin embargo fueron liberados por la ausencia de evidencias presentadas por el fiscal que los señalaba.

La defensa estableció como premisa la ampliación del término constitucional de 72 horas para determinar la situación jurídica de los detenidos, "ya que se manifestaba una clara inconsistencia probatoria del delito imputado".

Además que en los contrainterrogatorios efectuados a los elementos de las corporaciones policiacas que realizaron las aprehensiones eran demasiado contradictorias.

Hay que señalar que en los casos de invasión de terrenos y propiedades privadas, las personas afectadas necesitan acudir a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para presentar una denuncia por despojo, pues dicho delito se persigue únicamente por querella. Para ello será necesario acreditar la propiedad del inmueble, a través delas escrituras de la misma o título de propiedad.

Para la defensa de los indiciados este punto fue uno de los elementos fundamentales que influyó en los alegatos, ya que los peritos nunca lograron probar la identidad del inmueble, en este caso, el terreno invadido, es decir, no lograron establecer de quien es la propiedad. Además de que los dictámenes periciales y la inspección judicial nunca fueron coherentes con los hechos.

Para los abogados defensores Arturo Cruz Castillejos y Emilio Montero Pérez, la determinación del juez de dar la "libertad absoluta" a los 18 detenidos no fue por presión o chantaje político, sino que se realizó conforme a la legalidad, ya que, “"si se habla de errores, estos estarían desde el momento de la integración de la averiguación previa y la ejecución de la misma"”, afirmaron.

Los afectados anunciaron que harán valer una contra demanda contra la Secretaría de Seguridad Pública, por daño moral y agravios diversos, además de tortura, retención arbitraria, equiparada a la privación ilegal de la libertad.

ÓSCAR RODRÍGUEZ