REYNALDO OCHOA
25 de junio de 2013 / 01:28 p.m.

Monterrey• La reforma a la Ley del Transporte que permitiría a los diputados locales fijar las tarifas del transporte público cayó este lunes en el “limbo jurídico” con al menos tres escenarios distintos para su resolución.

Este lunes el Congreso local devolvió al Gobierno del Estado el veto aplicado a la Reforma a la Ley del Transporte al considerar que se hizo de manera extemporánea.

Personal de la Dirección Jurídica del Legislativo, acudieron a la oficialía de Partes del Gobierno del Estado, por instrucciones del Oficial Mayor, Baltazar Martínez, a regresar las observaciones hechas por el ejecutivo el pasado 2 de junio, presuntamente fuera del plazo de 10 días con el que contaba para realizar el veto.

“Se entregó el documento que es la determinación del Congreso de que se hace constar que las observaciones, es decir el veto, hecho por el gobernador del estado, fueron presentadas de manera extemporánea, en consecuencia se le está solicitando que continúe con el procedimiento legislativo que es publicar la reforma”, explicó Gilberto González Ruiz, abogado de la Dirección Jurídica del Congreso.

Sin embargo, esto se llevó a cabo tres días después de que se venciera el plazo de 30 días naturales con los que contaba el Gobierno Estatal para publicar la ley, lo que la deja ya inaplicable.

Precisamente al respecto, durante la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo este lunes, el diputado local del PAN, Francisco Treviño, hizo un llamado al ejecutivo del estado para que acepte la devolución de las observaciones y publique la reforma.

“Qué poca ética por parte del gobernador de implementar las argucias legales para no querer recibir un documento firmado por el poder legislativo”, dijo el legislador local.

Por su parte el diputado local del PAN, José Adrián González Navarro explicó que, pese a la conclusión del término para su publicación, el Gobierno del Estado se encuentra obligado a publicar la reforma, de no hacerlo, recurrirán a una controversia constitucional

“No lo ha hecho, no tenemos una forma de obligar al ejecutivo a publicarla, salvo judicializarlo, si el gobernador asume la postura de no querer publicar el documento pues tendremos que buscar un camino que si sea obligatorio y no es a través de la legislatura, sino a través de la Suprema Corte”, explicó.

Por su parte la bancada del PRI señaló que esta situación deja en el “limbo jurídico” la reforma a la Ley del Transporte, pero para ellos la reforma fue vetada y no debe ser publicada.

El PAN sostendrá que el veto llegó tarde y el Gobierno deberá publicar la reforma, para el PRI el tema ya fue vetado... En cualquiera de los dos casos, el escenario apunta a una controversia constitucional ante la SCJN.