14 de marzo de 2013 / 09:41 p.m.

Tuxtla Gutiérrez • El Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas solicitó a la Secretaría de Gobierno se implemente medidas precautorias para evitar la posible violación de derechos humanos y garantías fundamentales de difícil o imposible reparación, como son la libertad de expresión y de prensa ante la inminente promulgación de la Reforma que adiciona el artículo 398 bis del Código Penal del estado, mejor conocida como "halconeo"

En un documento dirigido al secretario de Gobierno del estado, Noé Castañón León, el titular de la CEDH Noé Castañón León, pidió que dentro del marco de la competencia y atribuciones legales, se implemente de inmediato las medidas precautorias o cautelares necesarias

“Suficientes y que gestione usted ante el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que se analice a detalle la promulgación del decreto por medio del cual se aprobó el artículo 398 Bis del Código Penal del Estado con la finalidad de profundizar en los alcances e impacto legal de esta nueva disposición, y en su caso se reconsidere su probable promulgación o bien se realicen las observaciones pertinentes, con el fin de evitar probables violaciones a derechos humanos de difícil o imposible reparación, como lo son la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa”, sostiene.

Entre las reformas que se prevén destaca que se impondrá una pena de dos a quince años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, a quien aceche, vigile o espíe a los cuerpos de seguridad pública, de persecución o de sanción del delito o la ejecución de penas, para obtener información sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores, en general.

"Las penas señaladas en este artículo se aumentarán un tercio hasta una mitad a la pena que le corresponda, y se pondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación entre tres a diez años para ocupar otro, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o por ex servidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia" señala en su segundo párrafo

El Ombudsman estatal reconoció que la preocupación de los medios de comunicación radica en que hay temor de que los periodistas puedan ser procesados al investigar o difundir actividades ilícitas de cuerpos policiales o elementos específicos de esas instituciones.

JUAN DE DIOS GARCÍA DAVISH