28 de enero de 2013 / 04:16 p.m.

Monterrey.- Una licitación mal planteada y la corrupción de mandos medios en Agua y Drenaje acabaron con la carrera y medios de subsistencia de un profesionista, su compañía e incluso su vida familiar.

Durante 14 años el ingeniero Sergio González Corona fue proveedor y contratista para Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pero en 1999 quedaron a deberle un proyecto, que no sólo no le han pagado, sino que además le ha costado maltratos y amenazas a su integridad física.

Poco más de un millón y medio de pesos se ha venido arrastrando, lo suficiente para hacer quebrar su consultoría, y generar una merma importante en su patrimonio personal; el contrato nunca se finiquitó, y según un peritaje técnico, el impago y sus intereses llegan ya a los nueve millones de pesos.

En 1999 fue invitado por el Director de Control de Obras, Rodolfo A. Rosas Herrera, a participar en un concurso de diseño de acueductos y drenajes para varias poblaciones, la cita fue el 20 de octubre y las irregularidades comenzaron desde el principio, pues no les llevaron a la visita de obra, por lo que no se enteraron de que las localidades donde se planteaba el proyecto estaban separadas por 70 kilómetros, lo que elevaría los costos.

González Corona ganó la licitación y cuando comenzó a trabajar se percató de esta situación, por lo que se comunicó de inmediato con el superior designado por SADM, en ese entones Ramiro Sillas, quien no notificó a sus superiores la situación por miedo a un regaño, y le dijo al proveedor que hiciera las modificaciones necesarias.

Ya firmado el contrato la directora de Contraloría interna de la paraestatal le dio luz verde para elaborar de nuevo el catalogo de estudios a elaborar, por lo que se procedió a hacer dos proyectos ejecutivos adicionales, uno para agua potable y otro para el drenaje de esta comunidad.

Los trabajos se realizaron desde fines de diciembre de 1999 hasta el 9 de octubre del 2000 y en todo este periodo, el ingeniero Sergio González Corona sólo recibió autorizaciones verbales para hacer las labores adicionales, que nunca se plasmaron en el contrato aunque el documento así lo permite según la cláusula décima del mismo.

Un tercer funcionario de SADM se enteró de la situación, el Coordinador General de Municipios Foráneos, en ese entonces José Modesto S. Taméz, quien permitió que siguiera realizando las labores, prometiendo elaborar los cambios al contrato.

Para el ingeniero González Corona, los funcionarios de la paraestatal actuaron con dolo desde el principio pues no siguieron las reglas de operación, al hacerle firmar un contrato engañoso donde no se especifican las distancias, además de que no se les llevó al lugar del proyecto.

Asimismo se le permitió avanzar en un plan diferente sin hacer los cambios al contrato de inicio, mismos que si se prevén en la Ley de Obras Públicas siempre y cuando estén plenamente justificados.

El profesionista señala que además de violentar las mismas cláusulas del contrato, hay infracciones a la Ley de Obras Públicas, de la ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de Nuevo León, entre otras.

LA FALTA DE PAGO

Después del anticipo del pago para iniciar los trabajos, quedó establecido que el resto se pagaría con periodicidad no mayor a un mes, sin embargo el primero se recibió a los tres meses y 13 días.

“"Había logrado en abril del 2000 un avance global del 85 por ciento, incluyendo las aditivas no contempladas, que representaba un 160 por ciento del trabajo, y ya casi sin recursos económicos para continuar, se me había pagado sólo el 50 por ciento de lo contratado, les solicité otro 20, con lo que cubriría sólo lo esencial para terminar; el trabajo el 8 de mayo, autorizaron un 10 que no fue suficiente, y es allí cuando me paralizaron"”, relata.

Cuenta que fue citado por el entonces director de la paraestatal Jesús Hinojosa Tijerina, quien le cuestionó la causa del retraso, y al explicarle dio la orden de que le dieran el pago solicitado para que concluyera el proyecto, pero no obedecieron al funcionario.

A la par, le invitaron a otros cinco concursos, y ganó tres, sin embargo, sin respetar las normativas, le fueron retiradas las licitaciones; la presión para que terminará continuo, y varios meses después cumplieron la orden del entonces director de la paraestatal y le dieron el recurso que terminaba para concluir, entregó el 9 de octubre de 2000, le pagaron el 30 por ciento restante, sin considerar todos los trabajos adicionales y allí empezó el siguiente viacrucis.

"“Me quebraron económicamente, me quedé con deudas que no podría pagar y hasta la fecha las tengo.

Acabaron con mi empresa y mis posibilidades de seguir siendo el sostén de mi familia, acabaron definitivamente con mi vida profesional”", dice.

Pero la historia continuó su curso, el costo del proyecto se elevó y aun faltaba que le liberaran el pago de todo ello, pero el 29 de junio de 2011, un oficio firmado por Marcela Huejutla Mota, la directora de Contraloría Interna:

"“Se le informa que de acuerdo a las recomendaciones emanadas por la Secretaría de la Contraloría general del Estado.

No podrá participar en ningún tipo de licitación por presentar vicios ocultos en la obra bajo el contrato SADM PP 104 99 que realizó para Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey IPD, para cualquier duda al respecto mucho he de agradecer se comunique con el ingeniero José Guadalupe Pérez Taméz"”.

La paraestatal no sólo le quedaba adeudando un millón 280 mil pesos en trabajos adicionales además le cerraba la puerta para poder seguir trabajando y con ello resarcir sus ya elevadas deudas.

Cuando finalmente se decidió a demandar a la SADM ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la mala elección de su abogado defensor César Nerio Quiroga, le llevó a perder el caso por negativa ficta en septiembre de 2003.

Se alegó que nunca le solicitaron trabajos adicionales, que no estaban en el contrato y por lo tanto no tenían deuda con él.

El siguiente paso fue buscar un proceso de mediación por medio de la Cámara Nacional de Empresas de Consultorías, tras más de 20 reuniones, le ofrecieron 260 mil pesos por el desistimiento y la firma del finiquito del contrato, lo cual no aceptó.

Al final recurrió a la Secretaría de la Función Pública, ellos comenzaron un nuevo arbitraje que terminó cuando la paraestatal afirmó haber finiquitado unilateralmente el contrato de acuerdo a los artículos 141 y 143 de la ley de Obras Públicas de Nuevo León.

Han pasado 12 años, tres administraciones, con sus respectivos directores de Agua y Drenaje, ninguno de los cuales le ha solucionado la situación y el contratista sigue en banca rota.

DANIELA MENDOZA LUNA