31 de enero de 2013 / 01:27 a.m.

Los 50 presuntos delincuentes que se encuentran detenidos en las poblaciones de El Mesón y Ahuacachahue enfrentarán una asamblea popular en la que se decidirá cuál será su destino. El gobernador Ángel Aguirre pidió los entreguen a las autoridades oficiales.

 Chilpancingo de los Bravo • La Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) confirmó que este jueves someterá a juicio popular a 50 presuntos sicarios, halcones y secuestradores, pero el gobernador Ángel Aguirre Rivero solicitó que los detenidos sean entregados a las autoridades legalmente establecidas para no vulnerar el Estado de Derecho.

El dirigente de la UPOEG, Bruno Placido Valerio confirmó que todo está listo para que los presuntos integrantes del crimen organizado que permanecen detenidos en las comunidades de El Mesón y Ahuacachahue sean llevados ante una asamblea popular.

Tras escuchar las declaraciones de los detenidos, los representantes de las comunidades y comandantes de la Policía Comunitaria definirán si los entregan a las autoridades legalmente establecidas o los reeducan con base a los usos y costumbres de los pueblos originarios.

La asamblea será abierta y por esa razón este jueves los coordinadores del movimiento de autodefensa llevarán a cabo un riguroso procedimiento de acreditación de medios de comunicación, para evitar que se infiltre gente ajena al movimiento y al trabajo de difusión ante la sociedad.

Los detenidos están acusados de cometer homicidios, secuestros, actos de extorsión y de violar jovencitas en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande.

Las detenciones comenzaron a partir del 5 de enero, cuando se registró el secuestro del comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alberto García y la Policía Comunitaria (PC) auspiciada en la UPOEG implementó un operativo de búsqueda que tuvo éxito, pues los secuestradores se sintieron acorralados y lo liberaron en una brecha de terracería.

De los tres hombres que secuestraron al comisario uno está en la Casa de Justicia de El Mesón, el afectado ha señalado que podría reconocerlo por varias señas particulares que detectó durante el tiempo en que estuvo cautivo.

Bruno Placido Valerio, el único dirigente del movimiento de autodefensa que no se ha cubierto el rostro con capucha, señaló que todavía la noche del miércoles se afinarían los últimos detalles de la asamblea popular.

Pero sostuvo que no hay marcha atrás en la determinación de enjuiciar a todos los detenidos.

Entréguenlos, reitera el gobernador

En la cabecera municipal de Iguala de la Independencia, el gobernador Ángel Aguirre Rivero reiteró el llamado a los dirigentes del movimiento de autodefensa para que no se tomen la atribución de enjuiciar a los presuntos detenidos.

“Nosotros estamos tomando todas las providencias para evitar que tomen la justicia en sus manos y que por el contrario, sea a través de los tribunales establecidos como se les imponga cualquier pena a que sean acreedores, siempre y cuando existan elementos”, señaló el mandatario estatal.

Indicó que sancionar por la vía de usos y costumbres implica vulnerar a la Constitución General de la República y por eso insistió en no cometer un acto que esté fuera de la ley.

Anticipó que a más tardar la próxima semana entregará al Congreso local una iniciativa de ley para dar marco legal al desempeño de la Policía Comunitaria, aunque aclaró que solamente se reconoce como tal a la fuerza que aglutina la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la cual se fundó en San Luis Acatlán en mayo de 1995.

Destacó que los policías comunitarios de la CRAC no se cubren el rostro con capuchas, que operan con el rostro descubierto y están debidamente uniformados, si alguno de ellos comete un abuso es sujeto a un proceso de reeducación.

“Los otros grupos que se manifestaron, la información que tenemos es que estaban en trámite de incorporarse a la CRAC, pero al final no quisieron sujetarse a sus procedimientos y por eso emergieron en Ayutla y Tecoanapa”, indicó.

Explicó que hay varios exhortos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que desistan del juicio bajo la certeza de que no se deben cometer situaciones que sean “trágicas para todos”.

También llamó a no incurrir en protagonismos estériles bajo un planteamiento concreto: “Cualquier juicio que hagan no tendrá ninguna validez”.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN