14 de junio de 2013 / 11:40 a.m.

Monterrey • Tras anunciar su intención de vetar la reforma al Código Penal contra el ciberbullying, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz envió ayer al Congreso del Estado las observaciones al dictamen, en las que alertó sobre las implicaciones que la reforma tendrá sobre la libertad de expresión.

Medina advirtió dentro del documento que envió este jueves al Congreso que la reforma al Código Penal abre la posibilidad a castigar colateralmente otras conductas y vulnerar el derecho a la libertad de expresión, además de que va contra tratados y tendencias internacionales.

Aunque el mandatario celebró la intención de los diputados para legislar sobre temas de vanguardia, pidió someter a una “"nueva reflexión"” las modificaciones al Código Penal contenidas en el decreto 073.

“"Con objeto de evaluarla exhaustivamente bajo la visión temática de los derechos humanos y de los tratados internacionales correlativos, pues podría colisionar con la libertad de expresión y de imprenta, así como compromisos y tendencias resultantes de convenciones internacionales.

“"Dada su redacción en términos tan generales, puede sancionar conductas que en el espíritu de la norma no pretende sancionar y por tanto inhibir la libre manifestación de las ideas y de su ejercicio legítimo"”, señala Medina en el documento.

Como lo anticipó desde la semana pasada, el titular del Ejecutivo planteó a los legisladores penalizar exclusivamente las publicaciones que representen un delito o atenten contra la seguridad.

“"Ahí la importancia de que la norma (…) no pueda ser utilizada para coartar derechos civiles y políticos, que esta limite, en su caso, a sancionar aquellas conductas que dañen gravemente al interés público o a la víctima, y que pueda aplicarse de manera clara, sin atisbos de limitación excesiva a la opinión social"”, exhortó.

Las observaciones argumentan que los diputados locales van en contra de las tendencias nacionales e internacionales de castigar sólo por la vía civil los casos de difamación, al imponer medidas punitivas en la referida reforma contra el ciberbullying.

Para ello, el estado citó jurisprudencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la propia Organización de Estados Americanos (OEA) en las que ambas instancias adoptan una defensa a favor de la información.

También contrastaron lo aprobado el pasado 29 de mayo con los artículos 6 y 7 de la Constitución, que protegen a los individuos de cualquier causa judicial o administrativa por la manifestación de sus ideas.

“"En tal sentido, al ser una tendencia la despenalización de los delitos contra el honor, para ser enmarcadas en el ámbito del derecho civil, no deben ser las conductas que se pretende erradicar conceptualizadas bajo esta óptica, ya que de legislarse así seguirán, en su caso, la misma suerte"”, refiere el escrito enviado al Legislativo.

La Oficialía de Partes turnará el documento a la Comisión Permanente, instancia que la semana pasada sentó un precedente al negarse a dar entrada a las observaciones contra la reforma a la Ley del Transporte por considerarlas extemporáneas.

Alto en seco

El mandatario anticipó desde la semana pasada que analizaba la posibilidad de vetar la reforma contra el ciberbullying, aunque hasta el miércoles lo confirmó.

Ayer al mediodía personal del Gobierno del Estado entregó el documento, en el cual argumenta riesgos para la libertad de expresión.

Sin embargo, también señala tendencias internacionales para que este tipo de problemáticas se resuelvan por la vía civil, y no la penal.

LUIS GARCÍA