27 de mayo de 2013 / 12:53 p.m.

Monterrey  • La actuación de la Comisión Estatal Electoral en el tema de fiscalización ha dejado qué desear y muestra de ello es el abandono en que está la sede del partido Cruzada Ciudadana, que preside Luis Farías.

El ex candidato a diputado local por la coalición Compromiso por Nuevo León ha sido cuestionado por el manejo de recursos y tiene una denuncia interpuesta en el Juzgado Segundo en Materia Administrativa de Nuevo León, por parte de su ex suplente en la regiduría de Monterrey, Román Eduardo Cantú Aguillén.

En los expedientes del juzgado federal, bajo el folio 641/2012 existen notas actuariales que señalan que el domicilio del partido en Antonio I. Villarreal 1104 en la colonia Acero de Monterrey, está obviamente abandonado y por ello ni siquiera han podido notificarle sobre el proceso de modo oficial.

“…Marcado con el número 1104 y que conoce al tercero perjudicado Luis Servando Farías González a lo que informó que desconoce que dicho inmueble esté ocupado actualmente y que no conoce a la persona que yo busco.

“Asimismo pregunté en un lugar que era una venta de pasteles en el cual me atendió una persona del sexo femenino quien tampoco me quiso dar su nombre pero a la que le hice las mismas preguntas y me informó lo mismo.

“Por lo cual no me fue posible llevar a cabo la notificación demandando. Vigilancia para los efectos que tenga lugar, doy fe”.

En una inspección ocular realizada por MILENIO Monterrey quedó en evidencia que el lugar no está abierto al público, acudiendo en horario de las 11:30, se verificó que la puerta estaba cerrada y había recibos recientes en la puerta principal.

A decir de los comerciantes que laboran en los negocios aledaños, hay poca actividad en el sitio, incluso señalan que un hombre vive allí, en el segundo piso del local y ocasionalmente hay movimiento por las tardes.

Versiones de representantes de otros partidos políticos señalan que Luis Farías prefiere trabajar en la oficina asignada en las instalaciones de la CEE, en donde cuenta con equipo de cómputo, una línea propia y todas las facilidades para operar.

En el domicilio de la colonia Acero, Farías también tiene ubicada su credencial de elector y si bien este hecho no contraviene la Ley Estatal Electoral, sí va contra el Registro Federal de Electores del IFE.

Ante el abandono de la sede estatal, queda evidente que la Comisión electoral no ha cumplido sus funciones de fiscalizar los recursos que otorga al partido, pues según el reglamento deben visitarlo cada 3 meses para supervisar el espacio y ver que cumpla con los requerimientos.

“LIMOSNERO Y CON GARROTE”

Cruzada Ciudadana recibe del erario 21 mil 376 pesos mensuales de una partida anual de 256 mil pesos que fue fijada por el organismo electoral luego del proceso del 2012, con base en sus votos, mismos que fueron extraídos de su coalición con PRI, PVEM y el Partido Demócrata.

Y aunque no postuló ningún candidato fuera de la coalición, el compromiso con estos partidos le alcanzó para sostener su registro y alcanzar prerrogativas económicas estatales.

Pero al ex regidor de Monterrey la cantidad designada le pareció “injusta” y llevó del Pleno de la CEE ante el Tribunal Estatal Electoral para que la fórmula fuera revisada y modificada.

Ante el rechazo de los órganos locales, el político acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala Monterrey, misma que lo envío a la Superior.

El pleito comenzó el 15 de febrero del 2013 y sigue en revisión.

SIN GENTE NI OPERACIÓN

Al margen del oscuro manejo de recursos, la falta de actividad en Fuerza Ciudadana se contrapone a la Ley Electoral y le hace susceptible a que la retiren el registro incluso aunque haya alcanzado la votación requería en las próximas elecciones.

El artículo 35 de esta normativa, en su fracción VI dice que entre las obligaciones de los partidos está la de por lo menos celebrar una asamblea anual, que será la máxima autoridad, así como contar con un comité estatal con facultades de supervisión.

Además tener una delegación en cada uno de los municipios del estado y un órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos financieros.

El artículo 46 de la Ley Estatal Electoral en su fracción VII dice que “se deben mantener las oficinas del partido en forma permanente; editar una publicación mensual y sostener centros de capacitación política para sus miembros”.

Además debe tener un domicilio social permanente donde se ubiquen las instalaciones de la organización.

En la Ley Electoral dice que los partidos pueden perder su registro, entre otras cosas por haber incumplido con el contenido de la Declaración de Principios en el Programa de Acción y Estatutos, especialmente en las obligaciones establecidas en los artículos 33, 34, 35 y 46.

Además en la sección VII deja claro que no se puede utilizar el financiamiento público asignado por el estado en acciones distintas señaladas a la ley.

¿Y LAS SANCIONES?

Este lunes el Pleno de la Comisión Estatal Electoral ha sido citado para entregar a los representantes de los partidos políticos el condensado de los análisis de fiscalización sobre las partidas presupuestales que les entregan.

Extraoficialmente no existen sanciones a ninguno de los partidos políticos. Si no hay cambios, Luis Farías seguirá operando “su” partido.

Daniela Mendoza