— ALEJANDRO MADRIGAL
25 de junio de 2013 / 03:11 p.m.

Diego Santiago Pazarón es cabo conductor en el Ejército mexicano. Desde hace tres años busca a su hija Rosa Citlali Santiago Luis, desaparecida el 31 de agosto de 2010 en San Luis Potosí.

En esa fecha también desaparecieron su esposa, Leonarda Luis, y su bebé de dos meses, Wendy Santiago Luis, las cuales fueron encontradas asesinadas 10 días más tarde.

Con 14 años como militar, Diego denunció que la desaparición de su familia se debe a represalias del crimen organizado por los operativos realizados por las fuerzas castrenses en esa entidad.

""Nosotros patrullamos y encontramos personas que son delincuentes. Pienso que fue una represalia por mi trabajo y descarto una equivocación, pero el hecho ahí está: asesinaron a mi esposa y a mi hija de dos meses, y mi otra hija, Rosa Citlali, está en calidad de desaparecida"", dijo el militar.

Según el cabo, el ataque contra su familia ocurrió seis meses antes de la presentación de Julián Zapata, El Piolín, presunto responsable del asesinato del agente estadunidense Jaime Zapata, ocurrido en febrero de 2011.

""En mi trabajo siempre habrá represalias, porque saben muy bien que somos una institución que combate la delincuencia organizada, no niego que siempre habrá represalias en nuestra contra"", insistió el cabo Diego Santiago Pazarón.

El militar denunció que la procuraduría del estado donde está adscrito lo amenazó con dar carpetazo al asunto si continúa realizando investigaciones para encontrar a su hija.

""Estoy dando la cara, no me preocupa dar la cara, porque busco a mi niña; quizás hasta ella puede ver que la sigo buscando y mi amor de padre me dice que la voy a encontrar. Lo que me duele es que sigan lastimando a más gente inocente como mi familia. En mi caso lo entiendo, porque soy militar.""

Este fin de semana Diego vino a la Ciudad de México para acudir a la Procuraduría General de la República. Su objetivo es que esta dependencia atraiga el caso. Fue recibido por Eliana García, coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Humanos.

En dos horas logró que la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas lo tomara atendiera, lo que no obtuvo en tres años en San Luis Potosí.

En su primer viaje a la capital, 900 días después del ataque a su familia, se encontró puertas cerradas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

""Así ha sido durante tres años: no logro pasar de la primera puerta”". Por ello decidió ir a la PGR, para denunciar al ex subprocurador Miguel Ángel García Covarrubias y solicitar su renuncia, porque a él lo han intentado inculpar en el asesinato de su esposa y su bebé y en la desaparición de su hija mayor.

""A mí me han acusado como si hubiera ocasionado eso, como si hubiera provocado la muerte de mi esposa, cuando no fue así; es un recurso muy fácil, yo siempre he estado en mi trabajo (en la Sedena) y no voy a dejar mi trabajo, voy a seguir aquí aunque me causen daño.""

El calvario de Diego comenzó desde que intentó denunciar la desaparición de su hija, en agosto de 2010, y desde hace tres años le han cerrado la puerta para emitir la alerta ámber.

En noviembre de 2011 un juez le permitió acceder al expediente tras interponer un amparo para conocer los avances de las investigaciones (expediente 822/201), lo que molestó a las autoridades.

""Me han dicho que deje de moverle a todo lo que he estado haciendo, porque si no me va a pasar lo de mi esposa. Tengo miedo, ya lo perdí todo: perdí a mi familia"", dijo.

En su entrevista con Eliana García, funcionara de la PGR, comentó que la última vez que se vio a su esposa Leonarda fue con una costurera, a quien entregó el uniforme escolar de su hija Rosa Citlali.

Su historia comenzó cuando llegó a casa la noche ese 31 de agosto de 2010 y no encontró a su familia. Inmediatamente salió a buscarla con las vecinas y amigas de su esposa, pero nadie supo nada. Incluso, intentó llamar a su teléfono celular, “el cual apenas le había regalado”, pero estaba apagado.

Rosa Citlali es una de los 26 mil 121 desaparecidos reportados por la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. En tanto, San Luis Potosí se ubica en el lugar 26 con 125 desapariciones reportadas.

Desde la desaparición de su hija, Diego desdeña el trabajo de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, “porque nunca me han tomado en cuenta”.

Incluso, la Sedena y los superiores de Diego le han asegurado que la institución no puede ayudarlo legalmente, ""porque manifiestan que no es de su competencia y que las investigaciones son para personas civiles"".

Sin embargo, Sedena le ha permitido ausentarse de sus labores para continuar su lucha. Él mismo ha realizado investigaciones que luego proporcionó a las autoridades, aunque fueron desechadas.

""Se han negado a colaborar y a seguir buscando a los responsables y el paradero de mi hija. Hasta ahora no ha habido ninguna autoridad que me apoye"".

A principios de 2013, en San Luis Potosí anunció la creación de un centro de justicia para las mujeres que son víctimas de violencia, que tuvo una inversión de 7.8 millones de pesos; sin embargo, el estado no ha brindado información concreta sobre la cantidad de mujeres que son violentadas o asesinadas, como la esposa de Diego, Leonarda Luis, y su bebé, Wendy Santiago.

En la región potosina de Tamuín se han reportado dos casos. Uno es el de Milynali Piña Pérez, de 13 años, quien desapareció de Ciudad Mante, Tamaulipas, el 14 agosto 2012, junto con cuatro familiares, mientras se dirigía a su domicilio en Tamuín.