7 de marzo de 2013 / 02:16 p.m.

Monterrey • Tras ignorar el llamado de no amparar los casinos clausurados la semana pasada y conceder una suspensión provisional mediante un permiso apócrifo, el municipio de Monterrey analiza presentar una queja contra el juez Javier Rubén Lozano Martínez.

Un día después de exhibir el hecho, la autoridad municipal anunció que se estudiará la actuación del titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, que amparó al casino Foliatti, y en caso de encontrar irregularidades, presentará su caso ante el Consejo de la Judicatura.

“"Vamos a actuar en todos los sentidos, sí nos preocupa que ese tipo de actuaciones se estén dando en actos de autoridad que estamos realizando por parte de la autoridad municipal, la alcaldesa ha sido muy reiterativa en el sentido de hacer un llamado a la autoridad judicial federal, para que todas las decisiones que tengan que estar tomando sean apegadas a derecho.

“"Si hay una situación en la que nosotros consideremos que hay una actuación, podríamos decir irregular, en las decisiones que tome la autoridad judicial, por supuesto que también procederemos…lo vamos a analizar, y en todo caso, tendríamos que hacer también lo conducente"”, afirmó Sandra Pámanes, secretaria del Ayuntamiento en Monterrey.

El punto que más sospecha levanta a la administración regia es que a todas luces el permiso presentado por la casa de apuestas era falso, pues las fechas que se citan en el documento para acreditar el interés jurídico no concuerdan.

Los abogados del Foliatti argumentaron que la licencia de homologación les fue entregada en abril de 2009, pero esta figura se aprobó hasta septiembre del mismo año.

A decir de Pámanes, el juez que estudió la solicitud del casino debió valorar esta condición e incluso fue más allá, al advertir que era su obligación estar empapado de la reglamentación aplicable a este caso.

“"Había elementos (para negar el amparo), por supuesto, la autoridad judicial tiene la responsabilidad y obligación de conocer toda la legislación que pueda estar relacionada con cualquier juicio, con cualquier hecho que llega a sus manos, por un lado.

“"Y por el otro también, porque precisamente esta basando en el interés jurídico de cada una de las personas su decisión de si puede concederle o no esa suspensión provisional. Él debió de tener esta información y hacerla valer al momento de amparar"”.

Pese a ello, rechazó emitir juicios de valor para establecer por adelantado si el juez cayó en un acto de omisión o actúo con dolo.

Otro frente que el municipio prevé abrir es la denuncia penal contra la persona responsable por el permiso apócrifo.

“Es muy importante y muy necesario por nuestra parte recalcar que es muy delicado todo esto que está sucediendo.

“Si alguna persona está tratando de utilizar documentación falsa o apócrifa para la defensa que pueda tener sobre la acción de la autoridad municipal, me parece muy delicado, y tendríamos que poner sobre la mesa cualquier situación que este dándose”, refirió la también ex dirigente estatal del PAN.

La secretaria del Ayuntamiento de Monterrey explicó que de momento se evalúa si dicha querella se debe presentar ante la autoridad local o federal, aunque confió que en breve la Dirección Jurídica tendrá una definición sobre este punto.

La lucha que ya inició fue la tendiente a revertir el amparo otorgado al casino Foliatti, al presentar el Ayuntamiento un recurso se queja que esperan les favorezca ante las pruebas presentadas.

La historia

El pasado martes, la alcaldesa Margarita Arellanes denunció que, basado en una licencia de uso de suelo apócrifa, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional de amparo a los representantes del casino Foliatti, que fue clausurado la semana pasada.

La secretaria del Ayuntamiento, Sandra Pámanes Ortiz, indicó que revisarán la actuación del juez Javier Rubén Lozano Martínez, y si encuentran que hubo irregularidades, procederán ante el Consejo de la Judicatura.

Aunque no quiso adelantar juicios, la funcionaria mencionó que a todas luces el documento exhibido es falso.

CASO levanta sospechas: ccinlac

Para el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León levanta sospechas el surgimiento de permisos apócrifos con nombres y firmas de administraciones pasadas.

“"Las firmas sólo las pueden otorgar quienes fueron funcionarios de esas administraciones… si me aparece un permiso que se me otorgó en los tiempos del alcalde Madero, en los tiempos del alcalde Larrazabal, tienen que ser el funcionario que trabajaba en esa época el que me la firme y que me lo dé"”, expresó Manuel Zavala, presidente del CCINLAC.

Dijo que para que tenga apariencia de validez, la única persona que puede firmar es un servidor público.

Señaló que incluso la forma en que aparecen y fueron llevados a cabo evidencia un “sistema de corrupción”.

“"Realmente levanta muchas sospechas el que aparezca documentación que sí tienen las empresas en cuestión y que no tiene el municipio y es un tema que puede deducirse que es parte de los sistemas de corrupción que están en todos lados y que tenemos que cambiar"”.

No sólo eso, para el líder de la ONG la forma en que un juez aceptó un documento apócrifo para validar una solicitud de amparo, es preocupante, pues deja a la ciudadanía en la indefensión ante las autoridades. Reynaldo Ochoa/Monterrey

LUIS GARCÍA