11 de enero de 2013 / 02:51 p.m.

Monterrey.- Hace 17 meses el municipio de Monterrey se auto exculpó de los hechos ocurridos en el casino Royale alegando un pleito con el Tribunal Contencioso Administrativo que les obligaba a permitir la operación de la casa de apuestas, aunque no reuniera los requisitos pedidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Sin embargo, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos los argumentos de defensa del Ayuntamiento no fueron suficientes y no los libraron de culpabilidad.

La CEDH concluyó en su recomendación 103/2012 que "la Secretaría (...) incumplió con su obligación de garantizar los derechos humanos de las personas en el casino Royale, al no adoptar todas las medidas posibles para prevenir las violaciones ocurridas".

Lo anterior en virtud de que otorgó la licencia de uso de la edificación para restaurante, centro de videojuegos y casa de apuestas a las empresas Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV y CYMSA Corporation SA DE CV y a Carlos Alejandro Salinas Martínez, propietario del inmueble, aunque no tenía la certeza de que el establecimiento contaba con las medidas de seguridad apropiadas, derivada de su omisión de ejercer sus facultades de supervisión e inspección, y por lo tanto de prevención y garantía.

No hizo todo lo que podía

Aunque se habla de un respeto a la legislación en materia de desarrollo urbano, la dependencia municipal no ejerció sus funciones ante los riesgos derivados de la remodelación del inmueble, “ni su atribución de exigir el cumplimiento a través de las inspecciones que comprobaran que el inmueble estaba habilitado para cumplir con sus funciones, sin menoscabo de la salud e integridad de quienes lo fueran a aprovechar, (...) pues al advertir la existencia de algún riesgo, debería haber procedido a aplicar medidas de seguridad necesarias,” dice el documento.

La Secretaría dio su autorización de uso de suelo, edificación y construcción (ampliación y regularización) para restaurante, centro de videojuegos y casa de apuestas el 10 de septiembre de 2007.

Sin embargo, el inmueble en el que murieron 52 personas ya estaba en etapa de instalación de acabados al momento en que se otorgó el permiso, por lo cual queda claro que se entregó con posterioridad a la construcción del centro de apuestas.

"En virtud de que (...) otorgó las autorizaciones con posterioridad a la construcción, no observó su deber de prevención ejerciendo su facultad de supervisión del proyecto para asegurarse que éste cumpliera con los lineamientos en materia de seguridad.

"Lo anterior resulta (...) aún más grave, puesto que la construcción ya existía, y además, (...) la autoridad tenía conocimiento de que ésta era deficiente", concluye.

Del artículo 261 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León se desprende que la Secretaría también tenía la obligación de verificar que las construcciones se hubieran llevado a cabo de acuerdo al proyecto autorizado por ella misma, y la licencia de uso de la edificación habrían de haberla expedido hasta que se realizara la inspección que comprobara que el inmueble se encontraba habilitado para cumplir con sus funciones.

La alcaldesa Margarita Arellanes, al conocer la recomendación de la CEDH afirmó que su administración acataría las solicitudes.

En ellas están involucrados funcionarios que ya no están en esta gestión, empero, sus responsabilidades no han prescrito.

Claves

Solicitudes

- Las peticiones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto al caso Royale fueron las siguientes:

- Estudiar las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de las negligencias y omisiones acreditadas; conceder una disculpa pública a la sociedad en general e iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa.

- También se refiere la necesidad de construir un monumento en memoria de las víctimas de esta tragedia; finalmente, se pide capacitar a los funcionarios en derechos humanos.

DANIELA MENDOZA