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2 de noviembre de 2013 / 11:01 p.m.

México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó la muerte del jornalero José Sánchez Carrasco, al parecer por negligencia del personal del Hospital de Guaymas, Sonora, que en su momento no quiso atenderlo.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Acción Indígena del CEN del instituto político, Narcedalia Ramírez Pineda, refrendó el compromiso del partido para promover programas de acción en favor de los sectores más desprotegidos de la población.

Subrayó que para el Revolucionario Institucional es inadmisible el sólo cese del director general de la institución médica y urgió a las autoridades a dar una explicación clara a la ciudadanía ante esa "situación de indiferencia".

Ramírez Pineda comentó que 80 por ciento de los más de cinco millones de campesinos que trabajan en el país proviene del mundo indígena, por lo que todas las fuerzas políticas deben sumar acciones coordinadas con las instancias de gobierno para alcanzar una mayor igualdad y preservar los derechos humanos de estos connacionales.

"Es una gran responsabilidad política denunciar los atropellos que sufren los campesinos a lo largo de su vida y en todas las edades, y existe la convicción de enfrentar genuinamente las adversidades de los mexicanos más desprotegidos, como son los grupos étnicos", señaló la líder priista.

Indicó que "en la secretaría de Acción Indígena del PRI estamos conscientes que la pobreza y la desigualdad en que viven los jornaleros y las comunidades indígenas lastiman la conciencia nacional y para nosotros es un deber proponer políticas públicas con el propósito de atenderlos con esmero".

Narcedalia Ramírez aseveró que el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y las organizaciones de activistas enfocadas a la atención de ese tema serán fundamentales para dejar atrás desatenciones como la ocurrida con el campesino originario de Casas Grandes, Chihuahua, que falleció en Sonora.

Denunció que gran parte de los campesinos trabaja en condiciones insalubres y en contacto directo con agroquímicos de alta toxicidad, por lo que los patrones se desentienden de inscribirlos a los servicios de salud.