Óscar Rodríguez 
15 de febrero de 2013 / 01:43 a.m.

Oaxaca • El gobernador Gabino Cué rechazó que haya más policías comunitarias en Oaxaca, aun cuando, en la comunidad indígena de Álvaro Obregón sigue operando un grupo de autodefensa civil, creado por diferentes organizaciones sociales para evitar la construcción de un parque eólico, proyecto para instalarse en la laguna superior de la región del Istmo de Tehuantepec, donde está contemplada una inversión de poco más de un mil millones de dólares.

Cué consideró que el grupo creado en la zona de conflicto está integrado solo por un grupo minoritario y dio su apoyo total a los inversionistas de la empresa “Mareña Renovable” para que logren la instalación de su parque de energía limpia asumiendo que en Oaxaca hay las condiciones propicias para generar e incentivar la inversión privada y el empleo.

El mandatario indicó que luego de una mesa de diálogo que sostuvieron funcionarios estatal y autoridades del municipio de Santos Reyes Nopala, se logró disolverse la autonombrada “policía comunitaria” de tal localidad, lo cual habla de la cooperación y voluntad de ambos gobiernos para mantener un estado seguro, en paz y concordia social.

Precisó que entre los acuerdos convenidos fue acreditar a los elementos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, a fin de que esta localidad, del Distrito de Juquila, cuente con una policía profesional, confiable y capacitada, tal como lo mandata el Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente.

Afirmó que todas las policías que cumplan con el requisito de acreditarse ante este Centro, no solamente reciben la certificación de policías acreditables, sino que el Gobierno del Estado los dota de armamento reglamentario, patrullas y uniformes, el cual está avalado ante autoridades de seguridad nacional.

Cué añadió que las instituciones de Seguridad Pública son de carácter civil, disciplinado y profesional, cuya actuación se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos y que son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Indicó que las autoridades municipales no tienen permitido disolver policías para crear una “policía comunitaria”, toda vez que esta acción únicamente genera inseguridad entre la propia ciudadanía.

Asimismo, rechazó que en otras regiones, particularmente en la región del Istmo de Tehuantepec existan las autonombradas “policías comunitarias”, al destacar que surgió un grupo minoritario de pobladores que se oponen a la instalación de empresas eólicas.

Mencionó que su administración ofrece todas las facilidades para los inversionistas del sector público y privado, por lo que continuará gestionando para que más capitales aterricen en la entidad a fin de impulsar el desarrollo de las regiones.

Precisó que la empresa Mareña Renovables cuenta con una presencia de cuatros años en la región, además que ha cumplido con todas las disposiciones legales para poder instalarse en el municipio de San Dionisio del Mar, toda vez que lejos de afectar al medio ambiente, la compañía contribuye a mitigar los efectos del cambio climático con energía limpia.

Mientras tanto, las organizaciones anti eólicas, enviaron una carta al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza para que dicte medidas cautelares a favor de los comuneros que mantienen bloqueado el sitio donde se ubicará el proyecto al denunciar que son víctimas de presunto hostigamiento y represión por parte de los cuerpos de seguridad estatal.