Luis García
17 de junio de 2013 / 01:30 p.m.

 

Monterrey  • Mientras el Gobierno del Estado espera la asignación de 100 millones de pesos de su contraparte federal para iniciar el Registro Público Vehicular (Repuve), diputados federales advirtieron que no existen recursos destinados para ello.

Arturo Salinas, integrante de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, sentenció que dentro del paquete aprobado el año pasado no se contempla ninguna bolsa o fondo para financiar este programa de seguridad.

“El tema de los recursos adicionales a mí me parece un tema muy espinoso. No hay en el Presupuesto de Egresos destinados, para Nuevo León ni para ningún otro estado, recursos para poner en marcha este programa porque insisto, debió haber iniciado en 2008.

“Si el proceso se da en las mismas condiciones que el Instituto de Control Vehicular lleva a cabo sus registros, es decir, con las altas, con la tenencia, etcétera, pues el costo de operación también tendería a cero, porque se haría precisamente con la misma infraestructura”, refirió el legislador.

Ayer, durante el programa "Cambios", el Instituto de Control Vehicular fue cuestionado por el retraso en la aplicación de este plan, cuya ley se aprobó desde el año 2004 y la reglamentación en 2008.

“¿Se requieren realmente los 100 millones de pesos para implementar el programa? Ya que me imagino que las calcomanías, con el chip correspondiente, de alguna manera te la va a proporcionar el Gobierno Federal y ya deben de tener una infraestructura tecnológica para llevar bases de datos”, señaló Juan Carlos Pérez Góngora, abogado fiscalista.

Juan Ernesto Sandoval, director del ICV, dijo que esta cantidad se destinará a la compra del equipo necesario para grabar los chips, la contratación de personal que verificará su instalación y revisará los vehículos, además de la compra de antenas que ubicarán la información de cada unidad.

“Se necesitan una especie de planchitas donde se coloca la calcomanía vírgen con el chip, a través de un sistema se le grabaría la información necesaria. Estaríamos hablando del costo de ese mecanismo en todas nuestras ventanillas de las 30 y tantas delegaciones que tenemos en todo el estado para que en el momento de nosotros dar por terminado (…) la información del sistema se grabaría”, dijo el funcionario.

De no prosperar las negociaciones con el Gobierno federal, el ICV no descartó un Plan B, tendiente a generar recursos para financiar el programa.

“Si no la hay, yo estoy dispuesto a diseñar algún programa, reduciendo costos o eliminando algunos pasos para que fuera (sustentable), pero al contribuyente no le va a costar”, concluyó.