26 de julio de 2013 / 01:28 p.m.

Monterrey • Cuando se habla de una Ley General de Víctimas, lo primero que puede acudir a la mente pudiera ser un fondo cuyos recursos resarzan el daño causado por la delincuencia a las familias de una víctima. Sin embargo, es un concepto más amplio, que incluye defender los derechos humanos de los afectados por un ilícito.

Así lo explica Silvano Cantú, miembro del Comité de Redacción de la Ley General de Víctimas y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien participó en la primera mesa de trabajo referente a esta ley.

¿Cómo se encuentra Nuevo León en legislación para víctimas?

Me parece que es uno de los poquísimos estados que cuentan con una institución funcional, integral, que vale la pena ser conservada, como el asesor victimológico. Lo que tiene que hacer Nuevo León es, aparte del documento que ya tienen elaborado, adaptar todas esas disposiciones que están en la ley general, preservando lo más valioso que tiene la ley de Nuevo León: el asesor victomológico, el principio de participación social y los modelos de atención, el fondo que ya existe tendrá que pasar a la ley, trasladarlas a una nueva ley que esté armonizada con la ley general.

¿Qué va a pasar con la cuestión de los fondos?

"Uno de los principales obstáculos es ése, se regatea a la víctima su condición de víctima, y el principio de buena fe no existía para el dicho de las víctimas, lo que decían las víctimas era cuestionado, se revictimizaba.

"Pusimos muy claramente el principio de buena fe, que consiste que se va a presumir la veracidad del dicho de la víctima, sobre todo porque el daño es objetivo. Una persona que te pone el cadáver de un hijo enfrente no puede estar mintiendo.

También puede darse el caso de quienes engañan a las autoridades.

Para evitar abusos, que también se pueden presentar, ese derecho a la reparación está condicionado a que la víctima demuestre su dicho en un proceso, es parte de darle certeza jurídica a todas las partes procesales, y porque los derechos de las víctimas no barren los derechos de las personas que están bajo proceso.

De lo contrario, lo que tendríamos es una legislación que funge un populismo victimal, y lo que no queremos es populismos victimales; es decir, quedar bien con las víctimas o que en nombre de los derechos de las víctimas se violen los derechos humanos de otras personas.

Sin embargo, esto llega después de 100 mil víctimas.

El gran problema no es cuántos son, el gran problema va a ser cuando se cree el Registro Nacional de Víctimas y sus correlativos estatales, bajo qué criterios vamos a incorporar todos estos casos y cómo vamos a lograr la capacidad financiera, operativa y política para darles medida de reparación.

Lo que más nos preocupa es lograr estos tres grandes ejes que tiene el derecho victimal, o sea la ley general y la que debe estar en Nuevo León: verdad, justicia y reparación. Si uno de estos no se realiza, no hay justicia para las víctimas, es una falacia, fracasó la ley. Es un reto impresionante el que tenemos enfrente.

¿Hay capacidad en los estados para tal tarea?

Las técnicas de investigación y el sistema de justicia y de seguridad pública que tenemos actualmente no nos da para satisfacer la demanda de verdad, justicia y reparación; lo que tenemos no es nada más que vamos a dar indemnizaciones, no es una ley para crear una ventanilla de pago de cheques, sino el reto de readecuar las instituciones para que funcionen con las víctimas como centro de la atención, y no nada más como esta persona desdeñada que va y pide limosnas al gobierno.

¿Qué se puede hacer para cambiar esta cultura?

Lo primero es conocer la ley. Cambiar del asistencialismo de una víctima pasiva que pide dinero, a la víctima activa, titular de derechos humanos, que se empodera para superar su condición de víctima, son dos mundos y todavía nos falta mucho.

REYNALDO OCHOA