30 de enero de 2013 / 01:30 a.m.

El dirigente de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, Diego Castro Hernández, denunció que es muy claro que los diputados locales quieren que los ex funcionarios implicados sigan sin recibir sanciones.

 Guerrero • La sociedad de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa denunció que la Comisión Instructora del Congreso local pretende prolongar las diligencias del juicio político que se sigue contra los ex funcionarios implicados en el desalojo del 12 de diciembre de 2011.

Omar Jalil Flores Majúl, presidente de la comisión encargada de dar seguimiento al juicio político contra el ex procurador de justicia, Alberto López Rosas, y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, dio a conocer que el caso se retomará hasta finales del mes de febrero.

Las diligencias se suspendieron desde el mes de diciembre, cuando el Poder Legislativo de Guerrero entró de lleno a la discusión del presupuesto de egresos 2013.

Entonces el diputado Flores Majúl señaló que había un tema prioritario que obligaba a hacer una pausa en el juicio promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Este martes 29 de enero, el dirigente de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, Diego Castro Hernández, denunció que es muy claro que los diputados locales quieren prolongar el juicio, para permitir que los ex funcionarios implicados sigan sin recibir sanciones.

“Para nosotros es muy claro que aquí en Guerrero impera la injusticia y que las autoridades no están interesadas en hacer valer la ley, que solamente proceden contra la gente que no tiene solvencia económica ni está organizada”, anotó.

En consecuencia, dijo que la sociedad de alumnos platica con sus abogados para propiciar una estrategia legal que obligue al Congreso a retomar los trabajos del juicio antes del tiempo mencionado por el diputado Flores Majúl.

“Nosotros sabemos que hay contacto con organismos de derechos humanos reconocidos a nivel internacional, que pueden intervenir para pedir que se haga justicia en este caso”, anotó.

La Comisión Instructora dio a conocer también que considera la posibilidad de llamar a comparecer al ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, quien reiteradamente se ha negado a declarar sobre los hechos en que perdieron la vida dos estudiantes de la Normal Rural.

También pretende llamar al general Ramón Arreola Ibarría, ex coordinador de la policía del estado que desde su despido se retiró de la vida pública, aunque antes declaró que el 12 de diciembre solamente cumplió la orden que le dio la superioridad, misma que fue en el sentido de ir a la carretera “para restablecer la paz y el orden”.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN