6 de enero de 2013 / 05:21 p.m.

Monterrey.- Con los retos de abandonar la oscuridad, pero sobre todo, recobrar la confianza ciudadana y abandonar una época polémica de acusaciones e imputaciones por presunta corrupción, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa (anteriormente Tribunal Contencioso Administrativo) inicia una nueva etapa a partir de este año, cuya renovación incluye la oralidad y el desarrollo de juicios en línea.

La tarea no se avizora como sencilla, después de que los integrantes del anterior órgano fueron acusados severamente por alcaldes metropolitanos y con estigmas como el aval para el funcionamiento de diversas casas de apuesta irregulares, incluyendo el tristemente célebre casino Royale.

La polémica entre los alcaldes de la pasada administración y el viejo tribunal fue intensa durante los primeros dos años de la gestión, tiempo en que el Ejecutivo estatal fraguó los cambios constitucionales y legales para sepultar un ente y darle vida a uno nuevo.

MILENIO Monterrey difundió los diversos capítulos de la guerra que principalmente, del lado de los entonces ediles, protagonizaron Mauricio Fernández y Fernando Larrazábal, y por parte de los juzgadores contestaron los magistrados José Alfonso Solís Navarro, Juana María Treviño y Aurora Gámez.

Los escándalos por el papel de los integrantes del anterior tribunal fueron cada vez más en aumento, mientras que el Ejecutivo, su fracción mayoritaria en el Congreso, en la pasada legislatura LXXII, pero en general todas las bancadas urgían el cambio.

Fue así como el 26 de septiembre de 2011, bajo la estela de haber fallado sistemáticamente a favor de casineros, el antiguo tribunal fue llevado a la mesa con una propuesta de renovación radical. El Gobierno Estatal envió al Congreso la iniciativa de reforma de la Ley de Justicia Administrativa.

El fin que consiguió la reforma que entró en vigor el año pasado fue un cambio en la operatividad del órgano jurisdiccional.

Fue como borrar de un plumazo el viejo tribunal. Para empezar cambió de nombre y se creó una sala superior colegiada, integrada por tres magistrados y otras tres salas ordinarias y unitarias, dos con el procedimiento tradicional escrito y una oral.

Las enmiendas legislativas contemplaban también la designación de los integrantes de la Sala Superior y los magistrados de las otras salas, quienes, una vez que fueron propuestos por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz tuvieron que ser ratificados por mayoría calificada en el Congreso.

En la Sala Superior fueron nombrados Rodrigo Maldonado Corpus, José Manuel Guajardo y Cruz Cantú, siendo el primero el designado como magistrado presidente.

En las salas ordinarias unitarias quedaron Juana María Treviño, Alberto Ortega y Genaro Sánchez Martínez en la sala, oral que entrará en operaciones en breve.

Por ley se estableció el periodo de ejercicio de los magistrados por 10 años, que puede ser ampliado por otro periodo, a propuesta del Ejecutivo y ratificación del Congreso.

Estipula no reconocer a los anteriores magistrados.

Desde el punto de vista de Maldonado Corpus con el funcionamiento del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, el estado está rompiendo paradigmas y se ubica en la vanguardia de la justicia de este campo.

"Ya abrimos la sala oral, que habrá de desahogar casos en enero; estos juicios orales nos permitirán una transparencia perfecta, que presentará lo que sucede en el todo el procedimiento".

Claves

Los cambios

-Ante los cuestionamientos a los integrantes del Contencioso, a quienes se les señaló de favorecer a casineros, el Gobierno del Estado envió al Congreso la iniciativa de reforma de la Ley de Justicia Administrativa.

-De esta forma, se borró de un plumazo el viejo tribunal, al que se le cambió de nombre y se creó además una sala superior colegiada, integrada por tres magistrados y otras tres salas ordinarias y unitarias, dos con el procedimiento tradicional escrito y una oral.

ALEJANDRO SALAS