28 de julio de 2013 / 09:23 p.m.

Ciudad de México • Con políticas públicas innovadoras y reformas transformadoras, el gobierno de la República está decidido a fomentar la formalidad laboral para lograr mayores condiciones de bienestar para todos los trabajadores y sus familias, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La dependencia federal señaló que el Programa para la Formalización del Empleo 2013 forma parte integral de las acciones transformadoras para crear más empleos formales y productivos, y fomentar así la transición a la formalidad que el gobierno de la República ha emprendido hacia un México próspero e incluyente.

Apuntó que la economía informal genera baja productividad, generación de empleos con salarios reducidos y sin prestaciones laborales y beneficios de la seguridad social, como la salud, la vivienda, la pensión para la vejez o el seguro para el retiro.

Ello impacta negativamente el ritmo de crecimiento del PIB y el bienestar general de la población del país, añadió la Secretaría de Hacienda en el Informe Semanal de su Vocería.

Resaltó que con el programa para la Formalización del Empleo 2013, la administración del presidente Enrique Peña Nieto busca generar un círculo virtuoso de formalidad, productividad y mayor crecimiento sostenido en el país.

Expuso que el crecimiento económico experimentado por el país durante los últimos años, aunado al incremento demográfico de las últimas tres décadas, han propiciado que, de la población ocupada total del país (47.8 millones de personas), 59 por ciento pertenezca a alguna modalidad de trabajo u ocupación informal.

Precisó que de éstos, 48.7 por ciento (13.7 millones de personas) se ubica en el sector informal clásico de la economía y 51.3 por ciento, es decir, 14.5 millones de personas, en el resto de las modalidades informales.

Por entidad federativa, Oaxaca (80.5 por ciento), Guerrero (79.2 por ciento), Chiapas (78.1 por ciento), Hidalgo (74.3 por ciento) y Puebla (74.2 por ciento) son los estados con mayor informalidad en el país.

En tanto, Baja California (43 por ciento), Baja California Sur (42.5 por ciento), Coahuila (41.3 por ciento), Nuevo León (39.7 por ciento) y Chihuahua (39.3 por ciento) son las entidades federativas con la menor informalidad laboral.

Para los trabajadores, agregó, pertenecer a la economía informal implica, en el mayor de los casos, bajos salarios, carencia de prestaciones laborales, de seguridad social, inestabilidad en el ingreso, al tiempo que los empleadores no tienen suficientes apoyos a su actividad ni cuentan con protección legal.

"Por ello, la informalidad no es una condición deseable ni para el país ni para la mayoría de las personas que trabajan en el sector, por lo que es necesario plantearse medidas que incidan en su gradual eliminación", subrayó la SHCP.

Refirió que el gobierno de la República, los gobiernos estatales y el Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suscribieron el pasado 22 de julio el Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Este proyecto fungirá como un instrumento para fomentar la formalidad en todo el territorio nacional, facilitando la transición de los trabajadores mexicanos que actualmente laboran en la informalidad, a empleos dignos y socialmente útiles, explicó.

En una nota informativa, la dependencia puntualizó que el Programa se sustenta en tres objetivos principales: lograr que el empleo formal sea la vía para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

Además, aumentar la productividad y la competitividad de las empresas a través de los beneficios que trae consigo la formalidad, tales como: la capacitación, el acceso a servicios de salud y el ahorro para el retiro, y consolidar al trabajo formal como motor del desarrollo económico con equidad.

Mencionó que, como una serie de compromisos establecidos en el Pacto por México, se trabaja para establecer las bases para crear un Sistema de Seguridad Social Universal que permitirá que los mexicanos cuenten con servicios de salud, seguro de desempleo temporal y una pensión básica para el retiro.

Asimismo, la STPS establecerá una amplia coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con pleno respeto a su soberanía, y brindará el apoyo técnico necesario para asegurar la eficaz instrumentación del Programa, expuso.

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