11 de enero de 2013 / 03:15 p.m.

Monterrey.- Pese a tratarse de reformar que evitarían nuevas tragedias como la del casino Royale, diputados locales mantienen "congeladas" varias iniciativas que buscan establecer responsabilidades de funcionarios, obligar a revisiones periódicas de establecimiento y cuidar la capacitación de los cuerpos de rescate.

Desde el 28 de septiembre de 2011, un mes después del atentado que cobró la vida de 52 personas, comenzaron a llegar al Congreso del Estado iniciativas que buscaban modificar las facultades y responsabilidades de dependencias como Protección Civil o Bomberos de Nuevo León.

La primera de ellas fue presentada por el ahora diputado federal del PAN, Víctor Fuentes, quien pidió una serie de modificaciones a la Ley de Protección Civil del Estado a fin de que esta dependencia estuviera obligada a realizar inspecciones al menos dos veces al año.

Se trata de modificaciones a los artículos 26, 36 y 82 de la citada ley, en la cual se busca que se establezca que la dirección de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones: ejercer la inspección, control y vigilancia, por lo menos dos veces al año, mediante diligencia de inspección de los establecimientos de competencia estatal”.

Y además en el artículo 36; "realizar la inspección, control y vigilancia por lo menos dos veces al año, mediante diligencia de inspección de los establecimientos e instalaciones de competencia municipal", es decir, le incumbirían todo tipo de establecimiento donde se presenten aglomeraciones.

Otra iniciativa que "duerme" en los archivos del Congreso data de mayo del año pasado, cuando se buscó que los Bomberos pasaran a ser parte de las administraciones municipales y estatales a fin de garantizar su manutención.

Además esto buscaría que se garantizará su crecimiento y expansión, así como la capacitación de sus empleados a fin de contrarrestar hechos como el del 25 de agosto de 2011.

Finalmente existe una iniciativa, más reciente, de noviembre de 2012, y que busca modificaciones a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde se busca crear una nueva comisión ciudadanizada y con mayor capacitación en la materia.

Las tres iniciativas tienen algo en común, desde su llegada al Congreso del Estado fueron enviadas al archivero y nunca han sido analizadas por los diputados locales de la pasada y la actual legislatura.

Pámanes: sí responderemos

El municipio de Monterrey rechazó que exista una negativa a las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió por el atentado al casino Royale, y argumentó que el periodo para dar respuesta a los señalamientos no ha concluido.

Luego de que el visitador del organismo garante denunciara que sólo la administración regia no ha aceptado las recomendaciones, Sandra Pámanes, secretaria del Ayuntamiento, refirió que el plazo legal para hacerlo sigue corriendo, ya que es de diez días.

Aunque no se pronunció en forma definitiva sobre la respuesta que darán a estas recomendaciones, Pámanes sostuvo que es la intención es "atender con puntualidad cada una de las observaciones".

La alcaldesa Margarita Arellanes fue más allá y anticipó que no le va a "regatear" a los regiomontanos estas recomendaciones, y que el municipio las tomará con "apertura y responsabilidad".

Una vez que el municipio acepte los señalamientos, la CNDH fijará un periodo para que la autoridad cumpla con cada una de las recomendaciones emitidas a principios de año.

Ayer, durante la sesión de Cabildo, se giraron instrucciones para que las áreas competentes presenten a los regidores un informe sobre el seguimiento que el municipio le ha dado a las peticiones del ombudsman nacional.

REYNALDO OCHOA, LUIS GARCÍA