21 de enero de 2013 / 03:39 p.m.

La seguridad privada en México tiene un valor de mercado de 10 mil millones de pesos anuales con la operación de 8 mil 500 empresas, de las cuales 77 por ciento trabaja en la “clandestinidad e ilegalidad”, reveló el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

El presidente de la organización empresarial de ese sector, Ricardo Torres Escoletto, afirmó que lo anterior constituye un riesgo más que una solución al problema de la inseguridad en el país.

Señaló que en territorio nacional hay 8 mil 500 empresas que ofrecen seguridad privada, pero solo 880 cuentan con registro para operar en ese ramo ante la Secretaría de Gobernación; otras mil 120 tienen permisos de gobiernos estatales.

Del total, menos de 100 empresas están certificadas con ISO 9000 o con evaluaciones especializadas como la Basc, organismo sudamericano que avala la calidad del servicio y estructura de una compañía.

El CNSP ofrece una certificación que avala el estándar de calidad de las empresas afiliadas al organismo (alrededor de 200 miembros), con lo que se garantiza el servicio de calidad, destacó.

En el sexenio anterior las empresas de seguridad privada sumaron 10 mil en todo el país, pero entre 2011 y 2012 cerraron mil 500 de ellas debido a la falta de clientes que no sienten confianza en sus servicios y “falta de capital de trabajo”, destacó Torres Escoletto.

Refirió que por lo general los clientes piden créditos comerciales y pagan a los 45 días, pero muchas empresas no tienen suficiente capital de trabajo para solventar ese margen de tiempo, lo que provocó su cierre.

Pese a esta depuración, hay 2 mil firmas que tienen registro y 6 mil 500 que no cuentan con ningún tipo de permiso para cumplir con la Ley Federal de Seguridad Privada o permisos estatales. “Operan a escondidas, en la clandestinidad o ilegalidad”, y representan un riesgo para sus clientes, señaló el líder del sector.

Si una firma opera en dos estados o más requiere estar registrada. Antes lo hacían ante la Secretaría de Seguridad Pública, pero desde noviembre pasado es ante la Secretaría de Gobernación.

No lo hacen porque les falta estructura, en muchos casos no pagan impuestos y, además, contratan personal de dudosa capacidad o ética.

Una firma debe contar con parámetros de calidad para la contratación de su personal, incluidas evaluaciones de honestidad y ética, antecedentes no penales, pruebas psicométricas, exámenes pruebas antidopaje.

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