27 de febrero de 2013 / 02:27 a.m.

Ciudad de México.- Las familias de indígenas triquis que se encuentran en campamento y plantón frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca desde hace dos meses impidieron que funcionarios federales les practicarán un censo para identificar quienes son beneficiarias de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Los inconformes exigen en contra parte al gobierno de Gabino Cué les otorgué las condiciones seguridad propicias para poder retornar a sus comunidades de origen en el corto plazo luego de que fueron desplazados por presuntos grupos paramilitares durante el régimen del priato.

Vicente García Esparza y Víctor Koyoc Cauochs representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores del gobierno federal, acompañaron al director jurídico de la secretaría General de Gobierno, Dagoberto Carreño a realizar una audiencia para identificar quienes de los manifestantes son originarios de la comunidad de San Juan Copala y merecedores de medidas cautelares por parte de organismos internacionales de derechos humanos y ofrecer un seguimiento a las mismas para su cabal cumplimiento.

Sin embargo el grupo en la protesta callejera se opuso, reaccionando con beligerancia obligando a los funcionarios estatales y federales a retirarse del lugar.

Inicialmente la vocera de los desplazados, Lorena Martínez, dijo que se consultaría con las familias triquis participantes en el plantón la celebración de la diligencia, por lo que se otorgo un plazo para que lo discutieran.

Sin embargo después de 2 horas los inconformes resolvieron que no permitirían el trabajo de los funcionarios con respecto al levantamiento del censo, argumentando que tendría que haber avisado con anticipación la actuación.

Martínez incluso acuso al gobierno de Gabino Cué de maniobrar jurídicamente para lograr su desalojo de la plaza pública central donde se encuentran desde hace dos meses luego de ser reprimidos por las fuerzas estatales de seguridad.

Advirtió que no se retiraran del sitio hasta que se cumplan los acuerdos en una minuta signada a abril del 2012, donde piden fondos de apoyos para impulsar proyectos productivos, fuentes de empleo, acciones de mejoramiento de sus viviendas y castigos a los responsables que habrían provocado su destierro de su comunidad natal.

En este punto exigen la liberación de una decena de órdenes de aprehensión contra presuntos activistas de las organizaciones MULT y Ubisort que habrían estado involucrados tanto en el despojo de sus tierras, como en la realización de una decenas de asesinatos ocurridos en la zona en los últimos 10 años.

OSCAR RODRÍGUEZ