REPORTAJE POR RUBÉN MOSSO
27 de julio de 2013 / 02:33 p.m.

México • Los militares que persiguió la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado, con base en los dichos de testigos protegidos como Jennifer, no perdieron solo la libertad, sino que también enfrentaron la pérdida de hijos y madres, de quienes no pudieron despedirse a pesar de peticiones a la autoridad.

Ahora que comenzaron a ser excarcelados al comprobarse que se usaron declaraciones falsas y se fabricaron pruebas en su contra, hallaron familias divididas y algunos luchan por conservar su patrimonio.

Otros fueron nombrados asesores y reinstalados en sus cargos para continuar sirviendo al Ejército.

LAS BAJAS

Karla Dawe, de 36 años, hija del general Roberto Dawe González, murió el 6 de septiembre de 2012 en la Ciudad de México, a consecuencia de cáncer.

Estuvo cuatro meses en el Hospital Militar, ingreso que se dio casi al mismo tiempo de cuando su padre fue detenido y arraigado en mayo de ese año a petición de la PGR por supuestos nexos con el crimen organizado.

Padecía cáncer en el hígado, pero el mal se extendió. Una semana antes de fallecer, Karla salió del hospital y regresó con su familia.

Personas cercanas al militar comentaron que cuando Roberto Dawe se encontraba arraigado pidió a las autoridades ver a su hija, pero éstas no se lo concedieron.

MORIR DE TRISTEZA

La detención del general Ricardo Escorcia Vargas trajo dolor y tristeza a su familia, lo que provocó que la salud de Filomena Vargas García, mamá del mando castrense, empeorara.

"Estaba enfermita, ya era una señora grande pero estaba controlada. Cuando pasó esto, ella decía que había educado a sus hijos con valores para que fueran honestos y que le daba mucha tristeza que su hijo estuviera ahí por situaciones desconocidas por nosotros", así lo dijo a MILENIO Florida Ramírez, esposa de Escorcia Vargas desde hace 43 años.

Manifestó que nunca imaginó que enfrentarían una situación así, a la que se sumaron problemas económicos, porque solo vivían con la pensión del general, haberes que se redujeron cuando su esposo fue a la cárcel.

"Nosotros siempre hemos sido una familia sencilla, con valores y en 13 meses y medio han pasado tantas cosas tristes, dolorosas", indicó.

EL HOSTIGAMIENTO

El general Tomás Ángeles Dauahare fue el principal protagonista de esta historia que tejió la PGR contra los militares; nunca antes se había detenido a alguien de tan alto rango: un ex subsecretario de la Defensa Nacional.

Tras su arresto y arraigo en mayo de 2012, el general soportó el hostigamiento contra su familia.

Su esposa, Leticia Zepeda Contreras, exigió a la SEIDO revisar sus domicilios para demostrar que no poseía bienes ilícitos.

Sin embargo, la PGR pidió a un juez una orden para asegurar la casa de Adriana, una de las hijas del militar; ella fue orillada a vestir por varios días con la misma ropa porque no podía entrar a su domicilio.

"Es una figura conocida públicamente, con una trayectoria intachable y lo único que les dije adentro (en la SIEDO) es que les voy a exigir, no a pedir, que le busquen hasta debajo de las piedras desde el primer día en que él puso un pie en el plantel militar hasta el día que lo detuvieron", expresó en su momento Zepeda.

LAS FIRMAS

El general Rubén Pérez Ramírez fue víctima de las mentiras, pues funcionarios de la PGR comenzaron a filtrar que se había acogido al programa de testigos protegidos.

Con esto la PGR buscó sustentar su investigación contra los demás generales, pues según los testimonios de Pérez Ramírez hundían por completo a sus compañeros de armas; esto provocó que los militares empezaran a distanciarse de él.

Después se conoció que él también fue obligado a firmar documentos en blanco, que después se utilizaron para vincular al ex subsecretario de la Defensa con el crimen organizado o para inculparse ellos mismos.

LA SEPARACION

Aunque no es militar y trabajó de cerca con titulares de las fuerzas armadas, desde el momento de su detención su familia se distanció.

Se trata de un personaje que aún se encuentra en prisión en espera de recuperar su libertad y al que se quiso obligar a declarar contra los generales. A petición de su familia se reserva su nombre.

Tras 14 meses de estar detenido, su esposa se distanció de él desde el primer momento por la información que comenzó a difundir la PGR; esta mujer pertenece a una de las familias más influyentes del país, cuyo padre ocupó uno de los puestos más importantes dentro de las fuerzas armadas.

PATRIMONIO

El mayor Arturo González Rodríguez recuperó su libertad el pasado 25 de junio, tras casi cinco años de estar preso.

Fue acusado por Jennifer de vender información de presidente Felipe Calderón y de las secciones de inteligencia y planeación del Ejército al crimen organizado.

Hoy que está libre y a punto de perder su casa.

El abogado que logró demostrar su inocencia, emprendió un litigio civil contra el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjercito).

La institución crediticia alegó el incumplimiento de pagos, aunque en una audiencia anterior señaló todo lo contrario.

El 15 de mayo del presente año, la defensa exhibió en el juzgado 17 de lo civil en el Distrito Federal, los comprobantes de los desembolsos realizados a Banjercito.

El militar firmó un contrato de crédito por 650 mil pesos con el citado banco, con garantía hipotecaria.

El mayor se obligó a pagar mediante 239 amortizaciones quincenales de 4 mil 289 pesos con 71 centavos.

"Mi sujeción a proceso penal federal originó que mis ingresos y haberes como mayor del Ejército Mexicano fuesen reducidos en un porcentaje considerable... Lo anterior, imposibilitó que las retenciones quincenales acordadas para el pago de las amortizaciones se ejecutaran.

"Sin embargo, mi cónyuge Andrea Karina Pérez cubrió el pago de las amortizaciones de todo el año 2009, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato aludido", menciona el documento judicial.