ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN
15 de junio de 2013 / 01:51 a.m.

Guerrero • El presidente municipal de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, dijo que "primero Dios", la violencia bajará en la región Norte de Guerrero, entre otros motivos por el respaldo que ha llegado del gobierno estatal y la Federación.

Valladares Salgado comentó que los momentos de mayor tensión para los municipios de la zona Norte, particularmente los que colindan con la Tierra Caliente, parece que ya pasaron, a partir de que la Policía del Estado sustituyó a las preventivas municipales.

"La verdad es que se tuvieron momentos muy fuertes hace como cuatro semanas, en la actualidad respiramos un aire de aparente tranquilidad pero no nos confiamos, esperamos que todo regrese a la tranquilidad", dijo.

Comentó que a partir de los enfrentamientos que diferentes grupos delictivos sostuvieron en los límites de Teloloapan con Apaxtla, todavía no se han restablecido las actividades académicas en por lo menos cinco escuelas.

Indicó que los alumnos de estas escuelas tienen un promedio de tres o cuatro semanas sin recibir la atención de sus maestros, entre otras causas porque sus padres no los mandan a las escuelas, pues todavía temen que se vayan a suscitar más enfrentamientos.

Pidió que la Policía del Estado se quede de manera permanente en Teloloapan, ya que los municipios no tienen las condiciones para hacerse cargo del resguardo de la población.

En entrevista con representantes de medios de comunicación, el alcalde Valladares Salgado expuso: "Yo soy creyente, creo en Dios y espero en él que esto se supere. Decía mi madre: no hay mal que dure cien años ni enfermo que los aguante".

Como prueba de que la situación ya mejoró un poco, dijo que hay casi 20 elementos de la Policía Preventiva Municipal que tras renunciar durante los momentos de mayor tensión, hoy ya se acercaron a las autoridades locales para dar a conocer su aspiración de reincorporarse.

La reincorporación de los elementos dijo que ya no está en manos del municipio, ahora es responsabilidad del estado, que los habrá de someter a un proceso de evaluación para determinar si están aptos o no para trabajar en el ámbito de la seguridad pública.