17 de mayo de 2013 / 12:33 p.m.

Monterrey  • La Comisión de Vigilancia reveló este jueves que dos entes públicos no han entregado su cuenta pública por lo que serán sujetos a sanciones por parte de la Auditoría Superior del Estado; se trata del municipio de Doctor González y el Instituto de Planeación Urbana de Monterrey.

Al sesionar la mañana de este jueves, la Comisión de Vigilancia rechazó otorgar una prórroga tanto al municipio como al instituto municipal, que habían solicitado para entregar sus cuentas públicas.

Pese a que el plazo venció desde el 31 de marzo, fue hasta esta semana, casi 15 días después de fenecido este plazo, cuando ambos entes enviaron su solicitud de prórroga.

La presidenta de la Comisión, la diputada local del PAN, Rebeca Clouthier, explicó que no existe ningún artículo de la Ley de Fiscalización que les permita dar este tipo de facilidades a los municipios o institutos.

Por ello optaron por rechazar las solicitudes e informar a la Auditoría Superior del Estado para que analice el tema y defina las sanciones que deberán ser aplicadas en estos casos.

“La nueva Ley de Fiscalización ya no lo permite, por eso rechazamos dar la prórroga y la Auditoría se los notificará en base a la nueva ley, que les da un plazo más, de 15 días y si no lo hacen la Auditoría puede tomar las acciones correspondientes”, explicó Clouthier Carrillo.

Durante la reunión, sus integrantes también aprobaron solicitar a la Auditoría Superior del Estado el informe sobre cuántos municipios han entregados sus glosas.

La diputada local del PAN explicó que este momento desconocen cuántos municipios, organismos e institutos han entregado su glosa, cuyo plazo fatal era también el 31 de marzo pasado.

Los legisladores aprobaron además enviar a la Auditoría Superior del Estado los informes de los avances de gestión financiera del primer trimestre de 2013 de 39 diferentes entes fiscalizables, así como la cuenta pública del 2010 del Instituto Municipal de la Juventud de Apodaca.

Los legisladores locales deberán esperar la respuesta de la Auditoría Superior del Estado para conocer cómo deberán actuar ante el caso del incumplimiento de estos dos entes, debido a que se trata de una legislación que tiene apenas un año de haber entrado en vigor.

Reynaldo Ochoa