4 de septiembre de 2013 / 08:55 p.m.

Ciudad de México • A partir de hoy y por 12 meses, la Procuraduría General de la República con el apoyo de peritos argentinos tratará de identificar los restos de migrantes localizados en fosas de San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, desde 2010 a la fecha, víctimas que murieron a manos de Los Zetas.

La PGR dio a conocer las bases del convenio de colaboración que firmó con organizaciones no gubernamentales de otros países, donde anunció la conformación de una Comisión Forense integrada por peritos de la institución y extranjeros.

Los trabajos se reforzarán con información que les proporcionarán tres bancos forenses de El Salvador, Honduras y Chiapaneco, éste último conformado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Voces Mesoamericanas y el Consejo Estatal para los Derechos Humanos de Chiapas.

Los bancos cuentan con muestras genéticas de personas que reportaron la desaparición de sus familiares durante su paso por México cuando que pretendían llegar a Estados Unidos.

Además, las 11 organizaciones tanto nacionales como extranjeras que colaborarán con la PGR, podrán hacer llegar sus peticiones de búsqueda a través de la Fundación para La Justicia, la cual será el único enlace con la Comisión Forense.

En caso de existir desacuerdos sobre los métodos y acciones que se emplearán, estos serán sometidos a consulta de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas.

Sin embargo, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tiene el poder para impugnar los acuerdos a los que se lleguen a través de consensos entre las partes.

El procurador está obligado a compartir los resultados contenidos en el informe que reciba de la Comisión Forense a los organismos y organizaciones nacionales firmantes del presente convenio, así como:

A la Oficina del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y Amnistía Internacional.

Asimismo, la información no se podrá publicitar ni dar a conocer a través de los medios de comunicación, a menos de que cada familia así lo apruebe.

RUBÉN MOSSO