6 de septiembre de 2013 / 06:43 p.m.

México • La empresa encargada de la construcción de una nueva cárcel federal en Buenavista Tomatlán, en la Tierra Caliente de Michoacán, Promotora y Desarrolladora Mexicana SA de CV (Prodemex), alegó respeto a un “convenio de confidencialidad” suscrito con el gobierno federal (que encargó la edificación del penal por 4 mil millones de pesos) para no responder si continúan las extorsiones, como informó MILENIO, lo cual ha ocasionado que se suspendan las obras iniciadas hace más de un año y medio. La firma invocó el mismo convenio para no comentar si reanudará o no sus trabajos.

Sin embargo, este diario confirmó con funcionarios federales que los intentos de extorsión contra Prodemex continúan, lo mismo que las amenazas a los pocos obreros que aún permanecen en la obra, aunque haciendo labores menores. Que nada de esto ha cesado, como había trascendido en las últimas horas.

El ingeniero de Prodemex encargado de la construcción, Luis Dorbecker, platicó brevemente con MILENIO vía telefónica y así transcurrió parte de la charla:

—Los buscamos desde hace días para pedirles un posicionamiento…

—Quiero comentar que nosotros como empresa tenemos un convenio de confidencialidad con el cliente. Consecuentemente, no por otra cosa, toda la información que usted desee recabar sobre el proyecto estamos impedidos, por convenio, por contrato, a hacer declaraciones al respecto. Le solicitamos que usted se dirija única y exclusivamente a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad. Ahí le atenderán.

—El gobierno ya nos dio un posicionamiento, falta el suyo…

—Le repito: todo lo que usted necesite saber, ellos, los señores funcionarios de la Secretaría de Gobernación, son única y exclusivamente los que le pueden atender y darle respuesta a todas las preguntas que usted tenga al respecto…

—¿Entonces Prodemex no va a fijar un posicionamiento en este caso?

—Definitivamente no. Nosotros no tenemos absolutamente nada qué declarar en ningún sentido. El único autorizado es el cliente.

—¿El gobierno federal?

—Exacto.

—Pediremos más información al gobierno federal.

—Es lo más conveniente.

—¿Ustedes van a reanudar las obras ahí?

—Le repito: toda la información que usted necesite, cliente la puede proporcionar.

En la edición de este jueves, MILENIO publicó que un grupo criminal, aparentemente Los caballeros templarios, de acuerdo con denuncias de los pobladores y las autodefensas de La Ruana, donde se erige la cárcel, exigieron 20 millones de pesos a Prodemex para permitirle continuar con la obra. Esto, el intento de extorsión de ese grupo criminal, fue confirmado a MILENIO por funcionarios de la SSP. El amago inició hace año y medio y sigue hasta esta fecha.

MILENIO confirmó con otros funcionarios del gabinete de seguridad que los criminales, además del pago inicial referido, también exigían a los directivos de la obra un “derecho de piso” equivalente a 10 por ciento de la inversión mensual de la empresa a cambio de una “prima de protección” otorgada por los delincuentes. Es decir, para proteger a Prodemex… de los propios delincuentes.

La empresa se negó desde el inicio a pagar tal cantidad de dinero y solicitó el apoyo del gobierno federal, que reforzó su presencia en la obra con un mínimo de 100 efectivos cada día. La obra se detuvo completamente en diciembre, luego se reanudó al 100 por ciento (confirmaron funcionarios de la Policía Federal que vigilan el lugar). Esto coincidió con que Los templarios fueron echados por las autodefensas. Sin embargo, en las últimas semanas las extorsiones volvieron junto con las amenazas a los trabajadores.

Hace unas semanas funcionarios del Cisen comentaron a MILENIO que algunos grupos de autodefensa fueron infiltrados por otro grupo criminal, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. De momento el gobierno federal investiga quién está detrás de las nuevas extorsiones, cuál de los grupos criminales.

Por lo pronto, a pesar de la vigilancia federal, las obras están detenidas y ya han sido plagiados y asesinados dos trabajadores, uno de ellos ingeniero, confirmó el gobierno federal.

JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA