7 de agosto de 2013 / 02:41 a.m.

Guerrero • La Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició la investigación relacionada con el asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) Raymundo Velázquez Flores y dos activistas del Partido Comunista de México (PCM) en el municipio de Coyuca de Benítez.

El vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanares dio a conocer que la fiscalía guerrerense ya inició la investigación relacionada con el asesinato del triple asesinato confirmado la jornada del lunes 5 de agosto.

Indicó que a nivel nacional existe una disposición que impide la difusión de las averiguaciones previas relacionadas con delitos como el cometido en contra de Velázquez Flores y sus compañeros.

Sin embargo, indicó que cualquier homicidio cometido en la entidad es considerado como algo completamente oprobioso, que no debe suceder ni quedar sin castigo.

"En Guerrero el gobierno vela por el derecho a la vida y el compromiso es llegar hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga", anotó.

La LARSEZ, organización que lideraba el dirigente asesinado, fue fundada en la década de los setentas por el jefe guerrillero Genaro Vázquez Rojas, aunque durante los últimos años sus activistas se dedicaron a promover el desarrollo del campesinado en la Montaña, Costa Grande y parte de la región Centro.

La mañana del martes, la dirigencia de Antorcha Campesina (AC), organización que mantiene discrepancias políticas con la LARSEZ solicitó que haya una investigación a fondo en el caso y que se detenga a los responsables de los hechos.

Jorge Salazar Marchan, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, indicó que más allá de la connotación social que puede tener el crimen por tratarse de un dirigente campesino, lo que las autoridades deben hacer es llegar hasta la identificación de los responsables.

Recordó que apenas el 3 de junio fueron encontrados muertos tres dirigentes de la Unidad Popular (UP) de Iguala; Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Martínez y Rafael Banderas Román, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer a los responsables y mucho menos se les ha sancionado.

"Generar la percepción de que aquí se criminaliza la protesta social es algo muy delicado, por eso consideramos que se debe esclarecer el asunto lo antes posible", indicó.

El diputado local por el PT, señaló que legisladores y organizaciones sociales deben solicitar justicia, en tanto que las autoridades no pueden permitir que dicho reclamo quede sin respuesta, porque un ambiente de impunidad solamente complicará la agitada situación que se vive en Guerrero.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN