ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN
25 de agosto de 2013 / 05:46 p.m.

Guerrero • La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) revisa los expedientes de 31 policías comunitarios detenidos, entre ellos un coordinador y dos comisarios, en tanto que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) mantiene retenidos a nueve policías municipales y dos ministeriales en Ayutla de los Libres.

 

La jornada del sábado, una comisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se reunió con el secretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo y el responsable de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Sergio Lara Montellanos.

 

De lado de la CRAC estuvo Gonzalo Molina Gonzales, promotor de la comunitaria en Tixtla, Miguel Vitrago Reyes de Huamuxtitlán y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDM) Vidulfo Rosales Sierra.

 

A los responsables de la SSP y de la Secretaría General de Gobierno los acompañaron Misael Medrano Baza, subsecretario de asuntos políticos y Demetrio Saldivar Gómez, coordinador del enlace con las organizaciones sociales.

 

El responsable de la política interna, Jesús Martínez dijo que se trabaja sobre los acuerdos pactados la tarde del viernes, que consiste en la revisión de los expedientes de cada uno de los comunitarios detenidos entre el miércoles, jueves y viernes.

 

Los que no tengan antecedentes penales serán puestos en libertad, los promotores de la CRAC asumen que esa será la situación de todos, porque ninguno cometió actos que configuren delitos.

 

Martínez Granelo indicó que durante todo el fin de semana está garantizado que no habrá bloqueos a las carreteras de Olinalá, Huamuxtitlán, Tlapa, Tixtla y Ayutla de los Libres, como ocurrió durante el jueves y viernes.

Anticipó que estos dos días serán cruciales para facilitar un acuerdo, ya que se deben revisar cada uno de los expedientes de los comunitarios y comisarios detenidos.

 

Solamente quedarán en manos de las autoridades los que tengan a cuestas causas penales pendientes.

Los representantes de la CRAC asumieron que deben someterse a un procedimiento jurídico, para que la PGJ no incurra en irregularidades al momento de determinar la liberación.

 

En el caso de Nestora Salgado, coordinadora de la CRAC en Olinalá dijo que por el momento solo se informó a su familia que ya está en el penal federal de Tepic Nayarit, es una instalación exclusiva para mujeres.

 

Incluso, dijo que se dio las facilidades para que establezcan la comunicación telefónica necesaria con la lideresa, ya que hasta el sábado no tenían la precisión respecto del lugar en que permanecía detenida.

 

Gonzalo Molina informó que fue necesario retomar el diálogo en la mesa de negociaciones, ya que a pesar de que se pactaron varios acuerdos el viernes, durante las primeras horas de los trabajos algunos asuntos se detuvieron.

 

Explicó que los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDM) ya se pusieron en contacto con el procurador Iñaky Blanco Cabrera, de tal manera que de manera conjunta van a revisar los pendientes para darles el cauce correspondiente.

 

Reconoció que la comunitaria tienen retenidos en Ayutla a 11 personas; nueve policías municipales y dos ministeriales.

 

Negó que los comunitarios a su cargo hayan maltratado a los elementos de seguridad que tienen en su poder, pero aclaró que los liberarán hasta que vean avances claros, lo que no implica manejarlos como moneda de cambio.

 

Aunque no hay movilizaciones, dijo que en Ayutla se mantiene una concentración de 300 policías comunitarios, mismos que están a la expectativa de lo que ocurra en la región Centro, que es donde se desarrollan las negociaciones.