— EDUARDO MENDIETA
8 de enero de 2013 / 03:47 p.m.

Monterrey  Tres días antes de concluir el mandato de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República devolvió el edificio del casino Royale a su dueño.

Después de 15 meses de aseguramiento tras el atentado a la casa de apuestas donde fallecieron 52 personas a manos de la delincuencia organizada, la protección del inmueble fue retirada por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, según un oficio en poder de MILENIO.

"Por este conducto le informo a usted que esta autoridad de la Federación ha tenido a bien levantar el aseguramiento del bien inmueble denominado Casino Royale, ubicado en la avenida San Jerónimo número 205 en la colonia San Jerónimo en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

“Como parte de la Averiguación Previa 302/UEIDAPLE/LE/12, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la PGR concluyó cualquier inspección, investigación y aseguramiento dentro del inmueble”, cita parte del documento.

El oficio está firmado el 28 de noviembre del 2012 por Ramón Guzmán Bernal y María del Pilar Victoria Serrano, agentes del Ministerio Público de la Federación.Por su parte, Bernardo González, apoderado del dueño del inmueble del casino Royale, confirmó que el propietario recibió el acta donde se levantó el aseguramiento por parte de la PGR.

"Desconozco si la averiguación terminó porque ese dato no lo tengo, lo único que sé es que el ingeniero (Salinas Martínez) recibió el acta donde se levanta el aseguramiento, desconozco si la averiguación sigue su curso o se haya dictado alguna resolución al respecto", indicó el apoderado.

El inmueble sobre donde se construyó el Royale es propiedad de Carlos Alejandro Salinas Martínez, quien en un contrato de arrendamiento lo rentó a Raúl Rocha Cantú y Fernando Fuentes Banderas, ambos accionistas de Entertainment Enterprises de México, entonces operadora del casino.

Desde el 25 de agosto del 2011, el día del ataque al negocio donde murieron 52 personas a manos de la delincuencia organizada, la dependencia federal se hizo cargo del aseguramiento del inmueble.