2 de septiembre de 2013 / 01:57 p.m.

México • La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo demostrar en un juicio la autenticidad de un documento que supuestamente entregó la embajada de Estados Unidos en México y usó para involucrar a un empresario con el narcotráfico.

Lo anterior consta en la sentencia absolutoria a favor de Eduardo Caballero Chávez, señalado en la gestión de Marisela Morales Ibáñez de ser el principal lavador de dinero del capo Armando Valencia Cornelio, líder del cártel de Los Valencia.

MILENIO tiene copia de la resolución, en la que PGR fue acusada por la defensa de Caballero Chávez de haber falsificado el documento que sirvió para iniciar la investigación contra el empresario, a quien también se relacionó con Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ignacio Nacho Coronel.

La prueba que usó la dependencia federal fue desechada por el juzgado sexto de distrito en materia de procesos penales federales y el quinto unitario, ambos del Estado de México, porque el Ministerio Público federal no aportó pruebas para sustentar el origen del documento.

Según la PGR, el 4 de enero de 2011 la embajada de Estados Unidos en México envió un oficio a la entonces titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, informándole que la oficina de la DEA en Guadalajara había recabado la siguiente información sobre el cártel de Jalisco:

“Históricamente la familia Caballero Chávez ha trabajado con la organización del tráfico de drogas de Armando Valencia Cornelio (El Maradona, líder del cártel de Los Valencia) y se le ha relacionado con Ignacio (Nacho) Coronel Villarreal, así como Joaquín (El Chapo) Guzmán Loera.”

Sin embargo, en los alegatos la defensa del empresario dijo al juez que “dicho oficio fue dirigido a la maestra Marisela Morales (PGR) cuando la titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la PGR, Guillermina Cabrera Figueroa, con fecha 17 de enero de 2011, solicita información a Joseph E. Evans, director de la DEA.

“Entonces, no puede ser que la agencia de la DEA en la embajada de Estados Unidos proporcione información antes de ser solicitada, lo que evidencia la alteración de documentos que realiza la SEIDO.”

Sentencia absolutoria

Al ratificar la sentencia absolutoria, el magistrado Osiris Ramón Cedeño Muñoz, titular del quinto tribunal unitario en materia penal, validó que dichos documentos no debían ser tomados en cuenta por la siguiente razón:

“A tales documentos no puede otorgárseles valor probatorio alguno, en virtud de que en los mismos solo se hacían especulaciones de hechos que debían ser demostrados, ya que en los mismos se mencionaron datos que necesariamente debían ser motivo de prueba.

“En atención a que en ellos no se estableció cómo se obtuvo esa información, ni siquiera se señala la fuente que haya proporcionado esos datos, no se tomaron en cuenta.”

Un día después de que la PGR recibió el supuesto documento, tuvo conocimiento de una denuncia anónima que alertó que la familia Caballero Chávez tenía nexos con bandas de la delincuencia organizada.

En forma de carta, la denuncia llegó 24 horas después de que presuntamente la embajada de Estados Unidos notificó a la SIEDO la acusación contra el empresario. Ese mismo día también presentaron a cinco testigos protegidos que buscaban declarar contra Caballero Chávez.

El empresario recobró su libertad en mayo del presente año, por lo que abandonó el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.

Otra irregularidad hallada en el experdiente es que la PGR comenzó a investigarlo a partir de información publicada en internet.

 — REPORTAJE POR RUBÉN MOSSO