OSCAR RODRÍGUEZ
10 de mayo de 2013 / 12:17 a.m.

Oaxaca • Amnistía internacional (AI) y diversos organismos locales y nacionales emitieron una acción urgente a favor de dos mujeres activistas y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de amenazas y detenciones arbitrarias en Oaxaca.

De acuerdo a la queja y petición al gobierno mexicano para que brinde medias cautelares, las afectadas han sido objeto de una campaña de hostigamiento y persecución dirigida por caciques locales.

Alba Cruz Ramos, defensora de los derechos humanos, recibió un mensaje de texto donde le advertían que atentarían contra su vida.

El mensaje, le fue hecho llegar a través del mensajero de su teléfono celular sin remitente el pasado 30 de abril.

Alba Cruz Ramos, abogada y coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO-DH), lleva desde 2007 siendo objeto de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otra defensora de los derechos humanos que también han sido sujeto de amenazas, y detenciones arbitrarias es Susana Ramírez, que fue detenida y puesta en libertad tras pasar 34 horas bajo custodia.

No sufrió malos tratos, pero CODIGO-DH cree que su detención fue una represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Como parte de su trabajo en CODIGO-DH, Susana Ramírez había estado realizando un trabajo de investigación social de las protestas registradas en la ciudad de Oaxaca, situación que ha generado que sea victimas de hostigamiento político.

Ramírez fue detenida el pasado 1 de mayo por documentar protestas. Permaneció recluida en régimen de incomunicación durante varias horas, y no la dejaron hablar con su abogado y su familia hasta 14 horas después de su detención.

AI y las organizaciones reclamantes, le exigen al gobierno mexicano y de Oaxaca, condiciones para que las activistas puedan desempeñar su trabajo sin temor a represalias o a sufrir otra detención ilegal.

De la misma manera urgen a las Procuraduría General de la República y de justicia en Oaxaca se investiguen los mensajes agresivos que han recibido los activistas, llevando a los responsables ante la justicia.

En la carta y acción urgente emitida por los organismos de derechos humanos a las autoridades federales y estatales se recuerda que el estado que tienen el deber de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.

La defensora mexicana de los derechos humanos Alba Cruz Ramos se vio obligada a abandonar el país y trasladarse a Europa a principios de 2010, ante el deterioro de sus condiciones de seguridad. Sin embargo, mientras estaba en Europa, a miles de kilómetros de su ciudad, Oaxaca, recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje de texto enviado a su teléfono en el que se hacía referencia a las actividades que llevaba a cabo en el extranjero.

De vuelta en México, sufrió nuevos actos de hostigamiento e intimidación, así como amenazas de muerte, durante 2010, 2011 y 2012. CODIGO-DH ha presentado ante las autoridades denuncias de todos los incidentes, pero no se ha hecho comparecer a nadie ante la justicia para responder de ellos.

Alba Cruz era integrante del Comité de Liberación 25 de Noviembre, ONG con sede en la ciudad de Oaxaca. Ha representado a víctimas de tortura, otros malos tratos y procesos judiciales de motivación política en relación con las protestas generalizadas y los abusos policiales que tuvieron lugar en el estado de Oaxaca en 2006. En 2007, la Comisión Interamericana de derechos Humanos ordenó a México que le brindara protección.

En 2012, Alba Cruz y otros miembros de CODIGO-DH representaron a activistas comunitarios que se oponían a la construcción de grandes parques eólicos en la costa de Oaxaca. Varios activistas locales han sido amenazados y detenidos ilegalmente.

En 2012, las dos cámaras del parlamento mexicano aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil, pero es preciso establecer urgentemente protocolos operativos y directrices claras sobre cooperación entre autoridades federales y estatales, y asignar recursos, para garantizar su eficacia.

Es fundamental que las autoridades no den por sentado que su responsabilidad se limita a establecer un mecanismo de protección, y que exista un flujo vital de información entre los gobiernos federal, estatal y municipal.