28 de mayo de 2013 / 10:08 p.m.

Acapulco • Ramón Almonte Borja, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección, pidió a la Comisión Instructora del Congreso del Estado, que el proceso de juicio político instrumentado en su contra por la CNDH, sea desechada por múltiples irregularidades.

"En la denuncia de juicio político que presenta la CNDH en mi contra no hay nada que se me impute en los hechos del 12 de diciembre del 2011....No tengo nada de qué avergonzarme", sostuvo ante los integrantes de la Comisión Instructora.

Lo anterior durante la comparecencia del ex funcionario estatal de Seguridad Pública, ante una comisión de legisladores locales en las que se continúa la primera etapa del juicio político, luego de la presencia del ex procurador Alberto López Rosas y los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

A la comparecencia asistieron el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, el presidente de la Comisión Omar Jalil Flores Májul, y los diputados locales Luisa Ayala Mondragon, Arturo Álvarez Angli y Julieta Fernández Márquez, como invitada a la comparecencia.

Almonte Borja, presentó una argumentación jurídica en donde la demanda de juicio penal en su contra, carece de legalidad porque la CNDH y el Congreso del Estado, incurrieron en múltiples anomalías jurídicas.

Explicó que lo presentado por la CNDH, no corresponde a esa instancia, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las que se establecen que este tipo de demandas deben ser presentadas por ciudadanos o personas físicas y no morales.

El ex funcionario aclaró que no busca regresar a ningún cargo como servidor público y que todo el procedimiento instrumentado en su contra es ilegal y que además violó sus garantías y derechos ciudadanos, por lo que demanda la reposición del daño moral que le está causando.

JAVIER TRUJILLO/ CORRESPONSAL