21 de octubre de 2013 / 10:27 p.m.

Monterrey.- Porque la corrupción y la impunidad es una asignatura pendiente en la entidad, organismos del sector privado de Nuevo León hicieron un exhorto al Congreso local para que apruebe las reformas que fortalecerían a la Auditoría Superior del Estado, mismas que fueron propuestas por ellos y otras agrupaciones en febrero de este año.

En rueda de prensa, directivos de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, AC (CCINLAC), expresaron que es necesario darle más atribuciones al órgano fiscalizador.

“Hacemos un llamado a los diputados del Congreso estatal, para que aprueben estas propuestas de reforma, y que por fin el auditor tenga las herramientas para actuar en contra de los actos de corrupción probada”, dijo José Mario Garza Benavides, director de Coparmex Nuevo León.

En la reunión estuvieron también el director de Caintra, Guillermo Dillon y la directora del Consejo Cívico, Sandrine Molinard, quienes coincidieron en la necesidad de aplicar sanciones, para acabar con la corrupción porque sólo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos en la autoridad.

“Según datos del ENVIPE, la principal causa de la inseguridad para los nuevoleoneses es la corrupción. Un 38 por ciento de la población coincide en esta evaluación en el estado, cuando a nivel nacional la corrupción solamente llega en cuarto lugar, después del desempleo, la pobreza y el tráfico de drogas, como las principales causales”.

En la iniciativa que presentaron estos organismos y otros como Evolución Mexicana y Vertebra, se plantea que la Auditoría Superior del Estado tenga facultades para presentar denuncias, entre otros aspectos.

 “El combate a la corrupción es una asignatura pendiente para la autoridad estatal. El carpetazo a los casos de corrupción, el malgasto de los recursos públicos, la falta de transparencia y el golpeteo al prestigio de la Auditoría Superior del Estado y su titular, han dejado una evidente huella en la memoria de los ciudadanos”, puntualizó Benavides Garza.

En la propuesta que presentaron a principios de año, los organismos intermedios plantean la posibilidad de que la Auditoría Superior finque directamente no sólo responsabilidades resarcitorias sino administrativas.

“Esta reforma armoniza la Ley con la Constitución del Estado, que en su artículo 137 ya autoriza a la Auditoría Superior del Estado a fincar responsabilidades tanto administrativas como resarcitorias", se establece en la iniciativa.

La iniciativa también plantea la posibilidad de que el organismo revise el cumplimiento de las normas aplicables en la gestión del sujeto fiscalizado, no limitándose a ingresos, egresos y objetivos.

Además, propone el aumento de las sanciones en caso de desacato de las autoridades fiscalizadas o sus superiores jerárquicos a disposiciones relativas a la fiscalización o aplicación de sanciones.

Francisco Zúñiga Esquivel