27 de junio de 2013 / 12:32 a.m.

Monterrey.- • La Comisión Estatal de los Derechos Humanos advirtió que no existen las condiciones necesarias para concretar una fusión entre Policía y Tránsito de Monterrey, pues sus elementos arrastran deficiencias en materia de respeto a las garantías individuales.

Ante la votación que este día se efectuará en el Cabildo de Monterrey para aprobar las modificaciones al Reglamento Orgánico municipal, la ombudsman Minerva Martínez pidió aplazar la implementación del programa hasta que los efectivos de ambas corporaciones reciban capacitación.

Citó un estudio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el que los agentes viales y los policías salen mal parados en la opinión ciudadana, descrédito que se incrementará una vez que se concrete la integración.

"Yo creo que faltan condiciones de conocimiento del tema de derechos humanos, de confianza en la ciudadanía, como señalo, creo que la clave está en el diagnóstico que hizo el Tecnológico de Monterrey, en el que nos señala un 48 por ciento de desconfianza en tránsito y un 47 por ciento de desconfianza en la policía… se sumarían las desconfianzas", apuntó Martínez.

Sin fijar un período mínimo, la titular de la CEDH sostuvo que todos los elementos que participaran en la fusión deben acreditar primero cursos en materia de respeto a las garantías individuales, a fin de que este proyecto no fracase por una falta de preparación.

"Creo que pudiera ser el día de hoy o de mañana, cualquier día, si se preparan antes para hacerlo…consideramos que hace falta una mayor preparación, sobre todo en el tema de derechos humanos".

?¿Es endeble una fusión de esta naturaleza?

"A consideración de la Comisión, se debiese primero fortalecer los dos organismos en el tema de derechos humanos, y una vez que tengan el 100 por ciento de todas las ventajas y requerimientos para una fusión, se hiciera", consideró.

Martínez también se pronunció sobre las nuevas atribuciones de los agentes de tránsito, que ahora podrán "planear, dirigir y controlar la revisión de conductores y vehículos", situación que provocará nuevos escenarios de corrupción en contra del automovilista.

"Si ya actualmente no se confía en las autoridades de tránsito, y además se les van a dar esas facultades, es obvio que se tenga un serio sentimiento de una posible corrupción…definitivamente que le hago un exhorto a la autoridad del municipio de Monterrey para que sean muy cuidadosos con el reglamento, que no se violenten derechos humanos", refirió la ombudsman.

Dijo que a final de cuentas lo importante es los que ciudadanos no sean víctimas de sus propias autoridades por causa de una capacitación deficiente.

Por otra parte anticipó que una vez aprobado el nuevo reglamento, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos lo revisará a detalle para cerciorarse de que no se contrapone con la Constitución Política de Nuevo León.

LUIS GARCÍA