12 de junio de 2013 / 01:50 p.m.

Monterrey • La Auditoría Superior del Estado se pronunció por la aplicación de sanciones contra los diputados locales que incumplan la fiscalización de cuentas públicas en el plazo marcado para ello.

Sin adelantar detalles, el titular del organismo, Sergio Marenco Sánchez, reconoció que esta idea ya se discute en el Congreso y, de aprobarse, ayudaría a acelerar el desahogo de expedientes rezagados.

La semana pasada, MILENIO Monterrey expuso que las pugnas entre partidos políticos mantenía paralizada la dictaminación de las cuentas públicas y demás expedientes.

“"Eventualmente esa idea de que los propios diputados hagan las adecuaciones correspondientes (a la ley), de que digan: si no apruebas o rechazas una cuenta y venció el plazo, una sanción. No sé qué tipo de sanción, pudiera ser a lo mejor una sanción económica, ahí tendrían que ponerse ellos de acuerdo.

“"Por ahí algunos diputados han comentado en poner una sanción a los propios diputados de las comisiones que no aprueben (los dictámenes) o no les den curso… es una idea que yo creo que pudiera funcionar"”, refirió.

Marenco recordó que a partir de los dictámenes de 2011, los diputados están obligados a sacarlos en los dos periodos ordinarios inmediatos a la recepción de los documentos.

No obstante, reconoció que las cuentas anteriores a este año se encuentran sujetas a los vaivenes políticos del Poder Legislativo, pues carecen de un plazo específico para ser aprobadas o rechazadas.

Incluso, denunció que otras Legislaturas han dejado sin castigo anomalías detectadas porque se quedaron congeladas durante años y el período de sanciones prescribió.

“"En el pasado, pues sí (se han dejado prescribir cuentas públicas), lo que pasa es que en el pasado estaban obligados a dictaminar y decir sí o no para la aprobación y en un momento dado si había algunas acciones que se requerían hacer, a lo mejor por el período ya estaban prescritas"”, sostuvo.

El pasado 5 de junio se consignó que la paridad de fuerzas y la falta de acuerdos mantenían en el limbo jurídico 27 cuentas públicas del estado y 43 de los municipios, además de 12 exhortos, 3 reformas y 1 iniciativa.

Entre las cuentas públicas pendientes de resolver se encuentran las del Isssteleón, el Instituto de Control Vehicular, los municipios de San Pedro, Santa Catarina y García.

La situación se ha complicado porque dada la conformación de grupos parlamentarios y su cantidad de votos, existe un empate a 21 entre el bloque conformado por el PAN-PRD y el integrado por PRI-Nueva Alianza-PT y el diputado independiente.

RECIBEN ACREDITACIÓN

Aunque operaba desde el año 2010, la Auditoría Superior del Estado recibió la acreditación en su Laboratorio de Obras Públicas, que fiscaliza los trabajos viales desarrollados por los municipios y la entidad.

El reconocimiento fue otorgado por la Entidad Mexicana de Acreditación, que destacó a la ASENL como el organismo que logra cero inconformidades en su primera revisión.

LUIS GARCÍA