23 de abril de 2013 / 10:37 p.m.

Cancún Centro • Empresarios turísticos de Quintana Roo unidos en un frente, pidieron a la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, replantear la distribución del impuesto sobre Derecho de No Inmigrante para que los estados que más aportan reciban al menos 50 por ciento de este ingreso.

El presidente de los hoteleros, Rodrigo de la Peña Segura, señaló que el otro 50 por ciento puede ser canalizado por la Federación a las entidades que considere conveniente.

El mayor volumen de recursos por el impuesto de Derecho de No Inmigrante es generado por Quintana Roo, Baja California, Jalisco y el Distrito Federal.

De acuerdo con estudios del sector, Quintana Roo aporta a la Federación más de 40 por ciento del ingreso nacional por este derecho, pero no recibe ni cinco por ciento de lo que entrega.

La petición de los empresarios del sector turismo fue presentado a la secretaria Ruiz Massieu, durante su visita a la entidad.

El director del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete, explicó que actualmente los recursos recaudados por el DNI es repartido así: 70 por ciento va al Consejo de Promoción; 20 por ciento a Fonatur y diez por ciento al Instituto Nacional de Migración.

El presidente de los hoteleros, Rodrigo de la Peña Segura, hizo notar que la demanda de equidad es una solicitud reiterada del sector turístico de Quintana Roo, que confía en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto considere una nueva fórmula para hacer más eficiente la promoción internacional del turismo mexicano.

Agregó que ese consejo elabora proyectos especiales para que las entidades que mayores recursos generan, dispongan de márgenes más amplios, acordes con su capacidad recaudatoria.

"Sin embargo hay estados y, especialmente centros turísticos, que requieren apoyo externo para consolidar su propio potencial de desarrollo, el consejo de promoción trabaja en buscar fórmulas para equilibrar la balanza", señaló López Negrete.

Ante la secretaria Ruiz Massieu, los hoteleros quintanarroenses se quejaron también del carácter restrictivo de la Ley General de Vida Silvestre e insistieron en la necesidad de modificarla.

El presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos, Romárico Arroyo, reiteró la necesidad de suprimir el "espíritu prohibitivo" de esta ley, que considera al manglar como especie amenazada por la extinción en todo el país.

Manifestó que "es posible armonizar desarrollo y conservación ambiental, pero esta ley cancela toda posibilidad de mecanismos para explotar zonas costeras con esquemas de compensación o reforestación. Queremos una modificación racional de esta ley".

FERNANDO MERAZ