11 de julio de 2013 / 11:41 p.m.

Guerrero • La organización social Unidad Popular de Iguala, Guerrero demandó que la investigación de la desaparición forzada de ocho activistas, tres de los cuales fueron ejecutados extrajudicialmente, sea atraída por la Procuraduría General de la República al sospechar de una posible implicación de las autoridades locales en los hechos.

En conferencia de prensa, realizada ayer integrantes de la Unidad Popular y familiares de Arturo Hernández Cardona uno de los ejecutados, denunciaron que el pasado 30 de mayo varias organizaciones realizaron una marcha en el tramo federal de la carretera México-Acapulco con bloqueos intermitentes en demanda de obras sociales, fertilizantes y solicitaron una audiencia con el gobernador.

Ahí, discutieron los ocho activistas con elementos de la Policía Federal a cargo del inspector Alberto Castillo y posteriormente fueron desaparecidos. Al día siguiente por la tarde encontraron en el corralón de Grúas Meta la camioneta en la que viajaban los desaparecidos.

Al cuarto día de estar desaparecidos y después de haber presentado la denuncia, el 3 de junio encontraron muertos a Arturo Hernández, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez en el kilómetro 160+300 de la carrete federal Chilpancingo a Iguala.

Cinco de los activistas lograron escapar y han abandonado su lugar de residencia ante el temor de ser nuevamente agredidos. Por lo que se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares para las familias de los activistas sociales.

Se pretende que el caso sea atraído por la PGR porque un día antes de haber desaparecido los activistas presentaron una demanda en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda de Abarca, presidenta del DIF municipal y Felipe Flores Velázquez secretario de seguridad pública municipal.

MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ