21 de febrero de 2013 / 01:52 a.m.

Cuernavaca • Un total de 61 inmuebles, propiedad del gobierno de esta ciudad, pasarán a formar parte de los activos de la empresa regiomontana Promotora Ambiental S.A. (PASA), una vez que la justicia ordenó inscribir a nombre del consorcio, la sede del Ayuntamiento, casas, terrenos, parques y hasta áreas médicas de la capital de Morelos que fue obligada a pagar así, un adeudo superior a los 152 millones de pesos.

Con base en un resolutivo del Juzgado Tercero civil con sede en Cuernavaca, y derivado de un embargo judicial en el que se incluyeron 19 cuentas bancarias del Ayuntamiento local, la empresa PASA ya tiene la autorización para poner a su nombre los inmuebles que fueron retenidos debido a la falta de pagos por el servicio de recolección de basura, informó el abogado de la empresa, Guillermo Pasquel Hernández.

De acuerdo con la demanda 164/2010-2, interpuesta por el consorcio, PASA dejó de percibir durante varios meses el pago correspondiente al servicio de recolección de basura, mismo que prestaba con base en una concesión otorgada durante la administración municipal 2006-2009, encabezada por el panista, Jesús Giles Sánchez.

Según la queja judicial de PASA, el priista Manuel Martínez Garrigós ordenó “de forma unilateral”, la suspensión de los pagos a la empresa, aparejado con el retiro de la concesión, ambas acciones validadas por el Cabildo de esa administración que a la fecha está considerada la peor en la historia de la ciudad, que además de este conflicto enfrenta señalamientos por actos de corrupción, desfalcos, peculado y decenas de delitos e irregularidades cuyos pasivos suman un poco más de mil 400 millones de pesos, según cálculos del nuevo gobierno de Jorge Morales Barud que esta semana hizo públicas más de 500 observaciones administrativas, financieras y económicas a su antecesor.

El retiro de la concesión y la falta de pagos, generaron consecuencias jurídicas. La primera, un proceso y sentencia por desacato contra el ex alcalde Martínez Garrigós, que ahora derivó en una orden de aprehensión en su contra y dos más de sus colaboradores, pues la empresa contaba con la protección de la justicia federal para no ser afectada, y la segunda, retención de 61 inmuebles y 19 cuentas bancarias ara garantizar los pagos adeudados por el gobierno de la ciudad.

La inscripción ordenada por el Poder Judicial Federal dejará a Cuernavaca sin la sede de su Ayuntamiento, que es un viejo inmueble que por décadas albergó uno de los hoteles más tradicionales de Cuernavaca, conocido como “Hotel Papagayo”; también se perdería los parques más recientes conocidos como El Tlaltenango y el Bicentenario.

En la lista se incluyen terrenos en colonias populares, inmuebles en el centro de la ciudad, así como bodegas, oficinas y otros espacios que sirven a la comunidad como un dispensario médico de la colonia Atenatitla, al norte de la ciudad.

Pasquel Hernández, abogado de la empresa regiomontana indicó que además de estos inmuebles, también fueron embargadas un total de 19 cuentas al Gobierno de Cuernavaca, cuyas cantidades y bancos de origen aún es determinado por la Comisión Nacional Bancaria (CNB) que en las próximas semanas deberá rendir el informe correspondiente al juzgador con el propósito de anexar los recursos que en ellas existan a los bienes embargados.

DAVID MONROY