11 de enero de 2013 / 02:08 a.m.

Guerrero.- En cinco días, los policías comunitarios de Ayutla han detenido a por lo menos 28 hombres que son acusados de trabajar como sicarios, halcones y extorsionadores de los grupos delictivos que operan en varios municipios de la Costa Chica.

Bruno Placido Valerio integrante de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), confirmó que por el momento no se tiene proyectado un tiempo en el que se vaya a levantar el movimiento contra el crimen organizado que estalló el pasado 5 de enero.

En los cinco días de instalar retenes y realizar operativos de búsqueda en colonias y comunidades, dijo que ya se tienen 28 personas detenidas por tomar parte de diferentes ilícitos.

"Son 28 detenidos que entre ellos mismos se fueron señalando y se va a revisar su situación, hasta el momento no nos han pedido que los entreguemos al estado y por eso se buscará el mecanismo para tomarles la declaración", apuntó.

En los próximos días se definirá un esquema bajo el cual los 28 detenidos rendirán su declaración de manera pública, "para que después no vaya a resultar que se declaren inocentes y digan que se les detuvo por cuestiones políticas".

Por seguridad los sacaron de la cabecera municipal y los llevaron a una comunidad de difícil acceso, retirada y bajo el control de la policía comunitaria.

En la reunión de este viernes la UPOEG solicitó que se llame a comparecer ante las autoridades a los integrantes del cabildo de Ayutla, ya que han estado indiferentes al movimiento, pese a que tienen policía preventiva y reciben recursos para atender el problema de la inseguridad.

Hay todavía más: "Vamos a investigar de manera integral; entre los maestros quienes son los que facilitaron las listas de sus compañeros a manos de la delincuencia organizada para que los extorsionen, hay doctores que curan a los delincuentes ilegalmente, talleres mecánicos que compran piezas de vehículos robados".

Agregó: "En este proceso vamos a entrar al dialogo con los transportistas que son utilizados con amenazas como halcones, con los comerciantes a los que esos grupos les cobran piso y los padres de familia que viven el peligro de que sus hijos se involucren en un grupo y terminen mal".

Reconoció que en los hechos ya se está integrando un tribunal popular que analizará la situación de los 28 detenidos y los que se acumulen en las próximas horas, porque a varios de estos se les han encontrado armas y hasta instrumentos de tortura.

"Este es un momento muy importante para nuestra sociedad, queremos que los que saben algo de todo lo que ha pasado y sobre quienes son los responsables lo digan, no por temor debemos permitir que muchos delincuentes se queden sin castigo".

Anticipó que el proceso no será sencillo, pero llamó a la población a colaborar con el restablecimiento del orden: "Como padres hay que preguntarnos cuando nuestros hijos llegan muy noche y no decimos nada, o cuando llegan con un carro que no pueden comprarse con el ingreso que tienen y también nos quedamos callados".

El dirigente dijo que a partir de este viernes habrá reuniones para analizar de fondo el problema que se tiene en materia de inseguridad, los habitantes de las comunidades afectadas ya se involucraron y están en la posición de avanzar sin hacer pausa.

Explicó que el movimiento no se basa solamente en el acto de tomar las armas, hay la pretensión de atender todos los problemas que generaron el crecimiento de la delincuencia organizada.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN