4 de febrero de 2013 / 08:12 p.m.

Cuernavaca • El gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreú, alertó sobre el peligro para la legalidad y la estabilidad social del país la aparición de las llamadas policías comunitarias en las regiones de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, donde la población busca frenar con ellas la operatividad de la delincuencia organizada.

"Ninguna situación de inseguridad puede justificar justicia por su propia mano", aseguró el mandatario de Morelos, quien agregó que los grupos encapuchados que operan para frenar la delincuencia y realizar juicios populares en Guerrero, "son un mal precedente que no debe prosperar", en clara referencia a que la vecindad de Guerrero con Morelos pueda ser un factor para su aparición en estas tierras.

Ramírez Garrido recordó que la figura de la policía comunitaria en Guerrero está aceptada y acogida en muchas comunidades guerrerenses, y operan de la mano de la policía preventiva estatal, sin embargo, en este caso es inaceptable que actúen encapuchados y al margen de la ley. "Si hay (delincuentes) morelenses o guerrerenses detenidos por ellas, no es el tema; el tema es que si eso existe esperamos que la autoridad de allá tenga capacidad para comunicarnos sobre el tema... (porque) yo no tengo comunicación con grupos irregulares", apuntó.

El Ponchis, en libertad este 2013

Por otra parte, el gobernador Ramírez reconoció que la próxima liberación e Edgar Jiménez Rico "El Ponchis" mantiene ocupada a su administración debido a que se analiza qué se hará con él.

Jiménez Lugo fue detenido en 2010 por el Ejército, momentos antes de que escapara en un avión rumbo a la ciudad de Tijuana, para luego introducirse a los Estados Unidos. Cuando fue detenido contaba con la edad de 14 años, pero sobre sus espaldas ya cargaba un importante historial de crímenes perpetrados bajo el amparo del cártel del Pacífico Sur. Cuando se le detuvo se sabía de su participación directa en 4 homicidios y desmembramientos de igual número de jóvenes. Después de su juicio también se conoció su participación en variad privaciones de la libertad y actos de tortura.

Graco Ramírez aseguró que se estudia que hará su gobierno con él cuando se cumpla la sentencia impuesta de tres años, máxima pena que la ley le otorga a los menores infractores. Refirió que que no se ha encontrado familia de él en la entidad y tampoco se tiene la certeza de que esté rehabilitado, por lo que también aún no se decide si será liberado en diciembre próximo.

DAVID MONROY /CORRESPONSAL